El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir un «plan especial de seguridad» de lucha contra la bandas juveniles al entender que se está «extendiendo la violencia» sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en otras como Valencia, Zaragoza, Toledo o Guadalajara, de ahí que solicite, además, que se endurezcan las penas ante la «multirreincidencia» y medidas para evitar la adquisición de armas blancas.
Según el partido que preside Alberto Núñez Feijóo, en estas bandas «suelen» integrarse «hijos de familias migrantes por la falta de recursos económicos suficientes y por otras razones que suponen, en muchos casos, la exclusión social de estos jóvenes que tienden a satisfacer sus necesidades buscando dinero fácil».
Además, la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso por el PP y consultada por Europa Press advierte de que el 80% de los delitos cometidos en 2023 fueron tipificados como leves, ya que no superaban los 400 euros de multa.
«Es fundamental endurecer las penas, principalmente, para los delitos de hurto y estafa, ya que las personas que cometen este tipo de delitos son multirreincidentes», solicita el PP, que también reclama aumentar los efectivos policiales y los «programas de concienciación familiar y de educación cívica en los centros escolares» para evitar la exclusión social.
«Estas bandas actúan en diferentes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona. Algunas de ellas, se han ido asentando progresivamente y están presentes en ciudades como Valencia, Zaragoza, Toledo o Guadalajara», señala la PNL.
ACABAR CON ACCESO Y VENTA DE ARMAS BLANCAS
Para el PP, urgen que el Gobierno apruebe «un plan especial» centrado en «cercenar el acceso y venta de armas blancas», como navajas automáticas o de tipo mariposa, incrementando las sanciones por tenencia de armas blancas y prohibidas a través de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.
El PP justifica su iniciativa en que «la violencia de algunas bandas juveniles se ha extendido por algunas ciudades de España, empeorando la convivencia vecinal y agravando los problemas ya existentes de seguridad pública en algunos barrios», lo que genera «una creciente preocupación entre los ciudadanos».
La formación añade que esta violencia se refleja en forma de enfrentamiento entre distintos grupos y en la comisión de delitos relacionados principalmente con el narcotráfico y atracos, incluyendo robos con violencia y amenazas.
«La presencia de estas bandas pone en peligro a todos los ciudadanos, incluso a quienes forman parte de ellas», continúa, precisando que son principalmente jóvenes de entre 15 y 23 años, siendo aproximadamente el 40% menores de edad.
«La mayoría provienen de entornos vulnerables, donde los familiares no han podido proporcionarlas necesidades básicas de sus hijos o simplemente no se han criado con los cuidados que necesitan los menores para su educación y posterior desarrollo», añade el PP.
«Estos problemas», prosigue, «suelen darse en hijos de familias migrantes, por la falta de recursos económicos suficientes y por otras razones que suponen, en muchos casos, la exclusión social de estos jóvenes que tienden a satisfacer sus necesidades buscando dinero fácil».
Según el PP, la integración de estos jóvenes en este tipo de bandas supone para ellos «una salida rápida hacia un supuesto estilo de vida estable, aunque ello implique acciones delictivas».
DIFICULTAD PARA DESVINCULARSE DE BANDAS
Para ello, los ‘populares’ se remite a lo que relatan exmiembros de estas bandas sobre que «entrar en ellas es algo sencillo, sin embargo, salir de estas organizaciones puede implicar grandes sumas de dinero, incluso varios miles de euros, para que se acepte la desvinculación de las mismas».
En este sentido, el PP agradece el compromiso de los cuerpos de seguridad y las «numerosas detenciones en lo que va de año», citando una operación policial con la detención de 29 pandilleros –22 menores de edad– que tenían en posesión 132 armas, cinco de ellas, de fuego.
Además, cita datos del Ministerio del Interior sobre que actualmente hay registradas «unas 627 bandas juveniles que se encuentran bajo estrecha vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Solo en la Comunidad de Madrid, se ha detenido a 3.581 personas a través del dispositivo contra las denominadas bandas latinas desarrollado por la Delegación del Gobierno desde febrero de 2022, siendo muchas de estas personas reincidentes en sus delitos, precisa la PNL del PP, que exige «mayor control en redes sociales por jugar un papel fundamental para captar a los integrantes».