Empleo público: una prueba de perversidad

• Aparentemente, desde el lunes 9 de diciembre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, estaría implementando el Sistema de Evaluación Pública (SEP) para evaluar el conocimiento en compresión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública de unos 40 mil empleadas y empleados estatales.

• Todo está en condicional porque, por el momento, faltando diez días para su implementación, el SEP solo tiene una página web, pero no está reglamentado.

• ¿Cuál es el objetivo? Esta es una de las preguntas que más se repite entre estatales. Y tiene una respuesta inequívoca: estigmatizar el empleo estatal para producir nuevos despidos y el desguace de áreas públicas.

Irregularidades

• Entre las irregularidades, se destaca la ya mencionada falta de reglamentación a días de que comiencen los exámenes.

• A esto se agrega que en la reglamentación que sí existe, que es de la Ley Bases, el gobierno habla de la implementación de un examen de ingreso, pero no de un examen a empleadas y empleados que, en no pocos casos, trabajan hace décadas.

• Se trata de empleados que se encuentran precarizados por responsabilidad, no del actual gobierno, sino de todos los que los precedieron.

• Esto es muy importante porque la Ley 25.164, en su artículo 9°, establece que quienes están contratados lo están para la “prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”.

• Además, los contratos no deberían superar los dos años ni determinado porcentaje de la planta total de cada organismo. Nada de esto se cumple. El Estado hace fraude laboral generalizado hace décadas.

• Las evaluaciones se harán sin veeduría gremial, como sí ocurre con los exámenes que se toman a quienes ingresan a la planta permanente.

• De este modo, todo se oscurece porque será el propio gobierno que tiene el prejuicio de que todo empleado estatal es inservible quien tendrá el control del proceso de evaluación. Es decir, no habrá ninguna transparencia.

• Otra irregularidad es que autoridades del Ministerio de Desregulación indican que la evaluación sería implementada por una consultora.

• Surgen varias preguntas: ¿Qué consultora es? ¿Qué idoneidad tiene? ¿Cómo fue seleccionada? Y, por último, pero no menos importante: ¿cuánto cobrará?

• Según los trascendidos, la aprobación del examen no implica continuidad para quienes están sometidos a una renovación de contratos cada tres meses. Pero su desaprobación aparece como un vehículo para terminar en la calle.

• En la página oficial del SEP existe material de estudio, pero, al no haber reglamentación, no hay garantía de que lo que se evalúe será lo que se estudia.

• Hoy el estudio está organizado de manera colaborativa en los lugares de trabajo, pero el estado empleador no dispuso de días de estudio para la preparación ni mucho meno una capacitación sobre los temas que se van a evaluar.

• Pero quizás el punto más importante es que los exámenes no evalúan la idoneidad para el cargo que se desempeña porque se trata, lo que se ofrece como material de estudio en el SEP, mayormente de evaluación PISA que se toman en el nivel de educación secundaria.

• Los servicios médicos de los ministerios se llenaron apenas se conoció la implementación del examen con gente con presión alta, descompuesta, angustiada frente a este atropello.

Lo que se debería discutir

• De más está decir que quiénes serán evaluados demuestran su idoneidad en su laburo cotidiano. Por lo cual, lo que se tendría que discutir es el pase a planta de todos los contratados.

• En noviembre, la escala salarial, en el convenio SINEP, el mayoritario entre los estatales, comienza en $355 mil de bolsillo. Es decir, arranca por detrás del costo de la canasta de indigencia: $435 mil en octubre. No solo eso. La mayoría de la grilla no cubre la canasta de pobreza.

• Según ATE INDEC, desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder de compra del salario es del 24 % para el convenio SINEP. Pero, en la última década, la pérdida de poder de compra es de alrededor del 50 %. En esta situación, lo que se tendría que discutir también es la recomposición salarial.

• Una mención especial merece Andrés Rodríguez, titular del gremio UPCN, que es el empleado del año del gobierno, como ironiza la Agrupación Marrón. UPCN no solo firmó el irrisorio aumento del 1 % para diciembre, sino que con la implementación de los exámenes casi que se transformó en una oficina de recursos humanos.

• El diablo está en los detalles. Y el detalle es que las evaluaciones no alcanzan a los funcionarios, como Luis Caputo, que seguro desconoce la Ley de Administración Financiera o la pasó por arriba olímpicamente para hipotecar al país con la deuda.

• Tampoco dará examen Manuel Adorni, que cumplió el sueño de la “casta propia” y contrató a su familia en el Estado. O el presidente Milei, que para atacar a la universidad pública en la red X hizo mal un cálculo elemental de matemática. O Sturzenegger que estuvo procesado por el «megacanje» de 2001, un desfalco financiero a favor del capital financiero.

• A las evaluaciones de La Libertad Avanza las carga el diablo, pero los estatales se están organizando para rechazar este nuevo atropello.