Las personas de origen magrebí no denuncian actos discriminatorios contra ellas por considerarlo «inútil», «contraproducente» y por el «desgaste emocional» que supone, según se desprende del informe ‘INFRA-D II: Más allá de la denuncia’, elaborado por Accem.
La ONG, que ha presentado el estudio en Barcelona, señala que esta investigación ahonda en el fenómeno de la infradenuncia de la discriminación racial hacia la población migrante de origen magrebí.
Asimismo, el informe revela que la discriminación racial es un «obstáculo significativo» para la integración de las personas migrantes, ya que «impide que sean percibidas como una parte fundamental de la sociedad». Además, refleja que esta exclusión limita su capacidad de adaptación y bienestar, dificultando la creación de vínculos comunitarios sólidos y su plena integración social, no solo mediante el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, sino también a través de la construcción de una convivencia activa y de la posibilidad de participar plenamente en la vida social y comunitaria.
En este sentido, el estudio refleja que, ante estas actitudes discriminatorias, las personas que las sufren consideran que la reparación preferida a causa del daño percibido es el entendimiento, que quien discrimina «comprenda el daño causado, pida disculpas y cambie para que no le ocurra a nadie más».
Por el lado contrario, la denuncia formal no es considerada tanto para este fin, «ya que puede que se obtenga una resolución favorable para la víctima, pero que esta no se sienta reparada», especialmente si la persona que ha proferido la ofensa no considera que haya actuado erróneamente.
Respecto a la formalización de la denuncia, las personas la consideran «injusta» y «excluyente», al percibir que las personas migrantes y de origen magrebí van a ser tratadas con desconfianza por parte de la policía. Según el estudio, «obervan una desigualdad de poder respecto al resto de la población y porque las personas con menores recursos socioeconómicos no tienen el tiempo ni los recursos óptimos para dedicar a este procedimiento».
Igualmente, creen que se trata de una proceso «difícil» y «desgastante emocionalmente» por la «falta de información y la opacidad del propio procedimiento; y potencialmente inútil y contraproducente por la dificultad de demostrar en muchas ocasiones la discriminación».
De hecho, la ONG asegura en el estudio que la denuncia formal se reserva solamente para los casos más graves (agresiones físicas, destrucción de objetos personales o privación de necesidades básicas) y en los que la víctima considera que está en juego el acceso a derechos imprescindibles.
«Por ejemplo si alguien me golpea, pues policía, pero de esperar algo, no voy a esperar nada. Yo como te he dicho solo quiero estar bien. No voy a estar ‘es que he ido y no sé qué, y por qué no le he dicho esto, ay por qué, tendría que haber hablado’, pues no», asegura una mujer marroquí de 26 años a Accem.
«DENUNCIA SEGURA» DE DELITOS DE ODIO
La investigación concluye que, para poder cambiar este imaginario y fomentar el uso de la denuncia formal, es necesario tomar en consideración algunas recomendaciones detectadas. Entre ellas, propone que se garantice el derecho a la «denuncia segura» de delitos de odio por parte de las personas en situación irregular, que se busquen vías rápidas para acelerar los procesos y alcanzar una resolución y «poner por delante la opción con la que la víctima se sienta reparada de verdad».
Finalmente, también se aborda la necesidad de una mayor difusión y sensibilización acerca de la realidad de la discriminación racial, étnica o xenófoba para conocer qué es delito y qué no, dónde se puede acudir de forma segura para formalizar la denuncia, facilitar su acceso, con qué recursos cuentan esas personas, y sobre todo, qué pueden esperar de los distintos procesos y mecanismos para decidir con razones fundamentadas si valen la pena.