Cristina y Máximo Kirchner por primera vez, estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados. La Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de planteos que se habían presentado para evitar la realización del juicio en los casos Hotesur y Los Sauces. Ahora, el expediente en el que se acusó a la ex vice por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero regresará a Comodoro Py donde el Tribunal tiene que ordenar la conclusión de dos pericias sobre las empresas de la familia Kirchner y unas serie de pruebas expuestas en el juicio de Vialidad, que el fiscal general Diego Velasco solicitó incorporar.
Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coincidieron en plantear que la mejor instancia para que Cristina Kirchner y sus hijos -al igual que trece imputados más- se defiendan es el debate oral. A ese criterio se sumó este lunes la Corte Suprema cuando por unanimidad rechazó todos los argumentos de la ex vice con los cuales pretendía evitar el debate oral.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral, fueron condenados y la acusación confirmada por la Cámara de Casación.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse de una funcionario, en tal ocasión la máxima autoridad como cabeza del Poder Ejecutivo y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Con la decisión de los ministros de la Corte, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el expediente que se investigó por separado, pero se unificó en la instancia de elevación a juicio oral, regresará a Comodoro Py.
La fiscalía a cargo de Diego Velasco que será quien intervendrá en el juicio solicitó, previo al fallo del máximo tribunal, una batería de medidas de cara al debate público.
Entre las pruebas centrales se encuentran dos pericias sobre las empresas de los Kirchner, que analizaron todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre de 2021, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
La fiscalía, cuando apeló el sobreseimiento, hizo mención a documentación e información que es «retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio».
Esa pericia debe concluirse al igual que la correspondiente a la firma hotelera a la que le restaban dos meses para concluir. El avance de ambos estudios periciales era notorio y como medida de prueba apuntan al rol clave de Lázaro Báez, condenado junto con la ex vicepresidenta por corrupción en el juicio de Vialidad.
También insistirá en la solicitud de una serie de informes que se adeudaban previo a la firma del sobreseimiento y que el caso se frenara. El Ministerio Público Fiscal entiende que se requiere la totalidad de la documentación que refleja la maniobra que condujo a todos los imputados a la instancia de juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) quedó conformado con la jueza Adriana Pallioti, la única que desde un comienzo sostuvo que el juicio debía realizarse oponiéndose así, al sobreseimiento firmado por sus pares Daniel Obligado y Adrián Grunberg. La acompañarán en el debate los magistrados José Michilini (que sobreseyó a Cristina Kirchner en el Pacto con Irán) y Nicolás Toselli.
Los jueces habían suspendido todas las medidas de prueba pendientes hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre el caso. Con el fallo de este lunes, se debe responder al pedido de incorporación de pruebas del fiscal Velasco y ordenar que las pericias en trámites sean concluidas.
Con más de 150 testigos aprobados para el juicio y después de resolver sobre estas medidas, el TOF 5 deberá fijar la fecha de inicio del juicio.
Teléfonos y comunicaciones con CFK
El fiscal Velasco pidió que se sumen de cara al juicio oral, todas las comunicaciones entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
El fiscal Guillermo Marijuan en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, ordenó un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013”, que fue el lapso en el que el dueño del Grupo Austral logró lavar 55 millones de dólares.
El resultado de este análisis se sumó al tramo en el que finalmente, la vice fue sobreseída en la Ruta. Sin embargo, Marijuan señaló: “es una prueba más de la estrecha relación entre Báez y Cristina Fernández”, reiteró Marijuan en su dictamen. Es estudio del cruce de llamadas entre 84 abonados, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas líneas personales y las de sus secretarios privados y/o colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez), en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013, “determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí”.
De igual manera, las comunicaciones expuestas por el fiscal del juicio Vialidad, Diego Luciani, respecto al celular de José López es parte de las pruebas que se pidió que se incorporen al caso Hotesur – Los Sauces.
El vínculo con Vialidad
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.
A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a la ex vice y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”. Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez comandado por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.