El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes que detectó una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas dentro de la ex-AFIP, iniciada en 2016, que atribuyó a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Sin embargo, el supuesto hallazgo de un mecanismo dentro de la entonces la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para trabar auditorías centradas sobre Lázaro Báez, Cristóbal López y sus empresas, como también sobre el testaferro del exvicepresidente Amado Boudou en el “caso Ciccone”, Alejandro Vandenbroele, fue calificado como una “tergiversación” o una “media verdad” por fuentes del organismo que trabajaron o que incluso trabajan para la actual gestión.
Según la versión que difundió el Gobierno, la cúpula de la AFIP liderada por Alberto Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri–, y de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto –que los sucedieron durante la presidencia de Alberto Fernández–, fijó un sistema a partir de 2016 –en el gobierno de Macri– para “trabar” auditorías “sin razón formal” sobre contribuyentes, ya fueran personas o empresas, que fueran de “interés público”, de acuerdo con lo publicado por el diario Clarín.
La versión se conoció horas después de que LA NACION revelara que el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, ascendió con su sola firma a su pareja, a la que otorgó un mejor cargo por el doble de su salario.
Eso sería falso, al decir de todas las fuentes consultadas por LA NACION, que coincidieron en su sorpresa. ¿Por qué? Porque el actual titular de la DGI, Vázquez, fue señalado durante el kirchnerismo como el funcionario de la AFIP que protegió a Báez y López y sus empresas, motivo por el que Abad, cuando volvió a liderar el organismo a fines de 2015, lo desplazó de sus funciones al frente de la Regional Sur Metropolitana.
“Cuando asumimos en diciembre de 2015, nos encontramos con que Echegaray [Ricardo, extitular de la AFIP kirchnerista] sí había impuesto una suerte de cerrojo para controlar qué inspectores o funcionarios buscaban datos de determinadas personas o empresas, y lo que nosotros hicimos fue ordenar y corregir eso, desarrollando un protocolo, pero de ningún modo para ‘trabar’ o ‘bloquear’ auditorías. ¡Al contrario! ¡Si nosotros somos los que denunciamos a Cristóbal López en marzo de 2016!”, rememoró un funcionario con más de 30 años en la AFIP.
Las fuentes de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) consultadas por LA NACION también expresaron su “sorpresa” ante los dichos del Gobierno, porque si Vázquez es señalado desde hace años como quien se encargó de velar por los intereses de Báez y López, entre otros alfiles kirchneristas, el Gobierno buscó atacar a quienes, por el contrario, los investigaron, como Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Norman Williams, entre otros, hasta que los desplazaron, en 2008, y desde que volvieron a tomar las riendas, a fines de 2015.
La versión que difundió el Gobierno durante las últimas horas contradice, incluso, los registros judiciales de los últimos años. Desde el 2016, tanto la familia Kirchner como Cristóbal López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, denunciaron por presunta persecución a Mecikovsky y otros funcionarios de la AFIP durante el macrismo.
Tras el regreso de Abad y sus colaboradores, en diciembre de 2015, el desarrollo de ese “protocolo” quedó bajo responsabilidad del área de auditoría interna de la AFIP. Emitió un “instrucción de trabajo”, al decir de una segunda fuente, en el que se estableció que todo aquel que revisara los datos disponibles en el organismo sobre determinados contribuyentes debía explicar los motivos por los que los había revisado.
“Había muchas filtraciones de datos, y lo que se estableció fue un sistema formal por el que si un inspector entraba a determinadas CUIT, en menos de 24 horas recibía un correo electrónico para que justificara el motivo. Si respondía a una orden de intervención o a un pedido de la Justicia o cualquier otra razón que estuviera justificada, perfecto; pero si era por simple curiosidad, se le iniciaba un sumario disciplinario porque podía ser que estuviera filtrando o vendiendo datos a terceros”, detalló una tercera fuente consultada.
En la misma senda, un cuarto funcionario consultado –y de otra gestión– completó la explicación con detalles adicionales. “Auditoría tenía un sistema de alarma cada vez que alguien entraba a las bases de datos respecto de determinados contribuyentes. Ahí disparaba un mail a quien había entrado para que explicara el motivo de la búsqueda. Si estaba justificado en una fiscalización o un oficio judicial o lo que fuera, no pasaba nada, pero buscaba evitar a los curiosos y non sanctos”.
¿Qué personas o empresas entraron y todavía se encuentran dentro de ese registro? “Todas las personas que fueran de trascendencia pública”, detalló un exalto funcionario de la AFIP durante los primeros meses de la presidencia de Javier Milei. “Incluye políticos, periodistas, empresas constructoras, todos los involucrados en el caso Cuadernos y otros escándalos de corrupción, pero también aquellos que aparecen en los medios, incluyendo celebrities, como Wanda Nara, y deportistas”.
“Colapinto [Franco, por el corredor de F1] sería un caso a incluir”, abundó. “Se trata de una persona cuyos datos fiscales son sensibles y puede haber personas o empresas interesadas en saber dónde vive o qué patrimonio tiene. Entonces, si un inspector de la DGI hoy revisara sus declaraciones juradas, debería justificar por qué lo hizo. ¿Porque hay una orden formal de analizar sus datos? ¿O se metió porque quiere vender sus datos a un medio?”.
El proceso de carga de contribuyentes, al decir de un conocedor, fue “bastante artesanal”, al punto que en un determinado momento comenzaron a aludir al sistema como “memento”. ¿Por qué? “Porque todos los días había que revisar los diarios y estar atentos a los contribuyentes que pudieran ganar trascendencia pública”, explicó una fuente que participó en el desarrollo de la matriz. “Podía tratarse de algún nuevo funcionario público, sí, pero también de alguien que, por ejemplo, ganara un pozo multimillonario del Quini 6 o del Loto; a partir de ese momento, si un inspector quería revisar sus datos, tendría que justificar por qué”.
Ayer, en el Gobierno daban por cierto que había sido Vázquez, quien lleva 35 años dentro de la AFIP, quien ahora descubrió la red de protección a empresarios kirchneristas. “Nos parece sano que se transparenten las cosas”, ironizaban, en referencia a las últimas críticas que el macrismo destinó a Milei por impulsar a Vázquez en la DGI, a la vez que candidatear al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Vázquez, de hecho, fue señalado como quien otorgó cobertura a empresarios kirchneristas como Lázaro Báez, que radicó sus operaciones para quedar bajo el control de la Regional Sur Metropolitana de la AFIP, que estaba a cargo de Vázquez.
En simultáneo, desde una cuenta en la red social X que en la Casa Rosada adjudican al asesor presidencial Santiago Caputo se abonó la misma idea, presentado el contrasentido como un argumento. “¿Cómo puede ser que en 2016 la AFIP haya confeccionado una lista de empresarios kirchneristas ‘blindados’? En 2016 no gobernaba el kirchnerismo”, escribió el usuario @MileiEmperador.
Después apuntó contra María Eugenia Talerico, pese a que la exfuncionaria de Pro se desempeñó en la Unidad de Información Financiera (UIF), no en la AFIP. “Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de ‘protección’ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, escribió el mismo usuario. Talerico impulsó impugnaciones y protestas en contra de la designación de Lijo en la Corte.
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