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Magdalena desmiente a Isabel Cajo, vinculada a red de prostitución en el Congreso: cámaras no registraron ningún asalto

Presunta red de prostitución en el Congreso: Isabel Cajo denuncia robo de su celular. Video: Canal N

La Municipalidad de Magdalena desmintió este lunes la denuncia realizada por la trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, quien aseguró haber sido víctima de un robo de celular en dicho distrito el 27 de diciembre del año pasado. La letrada, quien se encuentra en el centro de una controversia vinculada a una presunta red de prostitución en el Congreso, había afirmado que su teléfono fue sustraído mientras paseaba por las calles de esa jurisdicción.

Sin embargo, las cámaras de seguridad contradicen esa versión. “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado (…) Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se lee en un comunicado oficial emitido por la comuna.

Solo días atrás, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, presentó su carta de renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), uno de los partidos más involucrados en el escándalo. “Damos cuenta de esta información para los fines pertinentes y la ponemos a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, agregó su pronunciamiento.

Comunicado de Magdalena

Según el parte policial, Cajo relató que mientras paseaba a su mascota y tomaba una fotografía, un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó de manera abrupta y le arrebató su móvil. El delincuente, de acuerdo con esa acta, escapó en una motocicleta.

La abogada, quien no posee el título de Bachiller, fue contratada con un salario superior a los 7.000 soles como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez, después de ofrecer contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Antes de unirse al equipo del este legislador, laboró en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, señalado como el responsable de montar la presunta red en la institución del Estado.

En desarrollo.

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