Si bien Victoria Villarruel ha fijado las condiciones para que el Senado sesione en una semana para tratar el temario de Extraordinarias, se correrá de la negociación por la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema por no acordar con la figura del polémico juez federal y entonces será el Ejecutivo el deberá colectar los votos para poder ampliar la integración del máximo tribunal.
El Gobierno finalmente convocó a última hora del viernes a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 20 de febrero y lo formalizó este lunes. En el temario, decidió incorporar las ternas a «consideración» de la comisión de acuerdos del Senado. Pero en paralelo mantuvo en los últimos días una postura ambigua respecto a su estrategia para poder completar las vacantes en la Corte: en la mesa chica del Presidente deslizaron que aceptarían la unción de un solo magistrado sabiendo que el integrante de Comodoro Py reúne más voluntades en la Cámara Alta que el académico Manuel García Mansilla.
Pero este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a asegurar que el objetivo del oficialismo es que se aprueben en conjunto los dos pliegos de los candidatos propuestos para ocupar los sillones de la máxima instancia de la justicia argentina.
«Hay 150 pliegos listos para ser tratados de jueces federales, camaristas, y la realidad es que el Gobierno Nacional quiere tratarlos. Tiene que conseguir los acuerdos», indicó el funcionario al hacer referencia también a las ternas para ocupar las vacantes en la justicia federal. En este último caso, no obstante, una fuente oficial consultada se mostró pesimista. «En un mes no podés meter 150 cargos», alegó.
Una corte de tres miembros
Es que el principal objetivo del Ejecutivo para la próxima discusión parlamentaria es tratar de completar las vacantes de un máximo tribual que, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda el 31 de diciembre, quedó con 3 integrantes y está obligado a sumar conjueces para el tratamiento de importantes sentencias.
La figura de Lijo hoy genera polémica no sólo en el seno del oficialismo sino también en los bloques aliados. La Vice no acuerda con la candidatura del polémico magistrado y mostró sus diferencias antes de la audiencia pública celebrada en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Entonces aseguró que no tenía «los pergaminos para ser juez de la Corte».
Ahora, en el entorno de la vice confirman que su postura sigue siendo la misma y que será el Ejecutivo el que defina la estrategia para poder sumar votos que, en primer lugar, asegure el dictamen sobre su pliego y luego los dos tercios en el recinto (48 votos si están los 72 presentes) para oficializar su designación.
Aliviados, aseguran que esta vez no hay chance de que Villarruel deba desempatar una eventual votación reñida tal como sucedió con la ley Bases por la mayoría agravada que requiere la oficialización de un magistrado en el ato tribunal.
Con todo, en la Cámara alta tenían prevista la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias del Parlamento por lo que no los tomó por sorpresa el decreto firmado por Javier Milei durante el anochecer del último viernes. Por eso se encuentran «operativamente preparados» para iniciar el debate en las distintas comisiones.
En este marco, en el Gobierno saben que deberán negociar con el kirchnerismo pues es el bloque más numeroso de la Cámara alta. Pero Unión por la Patria insisten en que la designación de Lijo debe ser parte de un «acuerdo mayor», esto es, que contemple la ampliación de la Corte para poder incluir a un magistrado afín, la designación del Procurador General y los nombres dey los 150 pliegos de jueces, defensores y fiscales federales pendientes.