Rodolfo Barra dejó su cargo como jefe de todos los abogados del Estado luego de que la Procuraduría del Tesoro que lidera emitiera un dictamen que cayó muy mal en lo más alto del Gobierno. Se interpretó que la resolución, en el marco de una demanda por un despido, iba en detrimento de los intereses de la administración libertaria. Hace poco más de un año, Javier Milei lo había elegido para que sea el gran cerebro jurídico del Estado.
La biografía de Barra, de 77 años, avalaba la expectativa del Gobierno, pero el exjuez de la Corte Suprema y exministro de Justicia del menemismo dibujó una trayectoria irregular en estos 13 meses que estuvo en el cargo. Promediando su gestión, por ejemplo, se apartó del juicio por la estatización de YPF, la causa más relevante que tuvo entre sus manos.
Barra llegó anunciando una crisis profunda en el Estado que avalaba las facultades extraordinarias que clamaba el presidente Javier Milei; defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, al cual buscó mantener a flote en medio de los cuestionamientos, sobre todo desde el fuero laboral. Acompañó reclamos del Ministerio de Capital Humano ante la Corte Suprema por los múltiples fallos adversos que el organismo recibió en la Justicia por su política alimentaria. Entre otras cuestiones, dictó resoluciones llamativas, como cuando rechazó un pedido de acceso a la información pública sobre los perros del Presidente al decir que es asunto “privado”.
Sin embargo, su gestión quedó signada por dos hechos distantes, pero entrelazados: su defensa a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y los coletazos judiciales de la cuestionada estatización de YPF en 2016, un frente desde el cual Barra nunca recibió buenas noticias.
En septiembre de 2023, la Justicia norteamericana determinó que el Estado argentino debía pagar una indemnización de más de 16 mil millones de dólares a los fondos Burford e Eton Capital por la manera en que el paquete accionario de la empresa petrolera fue intervenido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en ese momento viceministro de Economía.
Barra sufrió el primer revés a días de estrenarse en el cargo. En enero de 2024, la jueza del distrito sur de New York que tiene la causa, Loretta Preska, rechazó una presentación, y le ordenó al país entregar la información solicitada por los fondos, que incluía datos sobre la ubicación del oro argentino, algo a lo que el país se oponía. Ayer, se conoció que finalmente esa información será entregada el próximo 28 de febrero.
En el medio, en abril, Barra pidió excusarse de intervenir en esa causa, luego de que se conociera su asesoría legal a Cristina Kirchner en la causa vialidad. Algunos, como el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señalaban que eso suponía un conflicto de intereses, ya que el caso de YPF rozaba a su clienta.
La asistencia técnica que Barra le prestó a la expresidenta fue antes de asumir, con un dictamen que brindó en calidad de experto jurídico para fortalecer el principal argumento que esgrimía el kirchnerismo y correr a la expresidenta de la maniobra tejida entre funcionarios provinciales y nacionales para desviar los fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz. Barra cortó la cadena de responsabilidades en la Jefatura de Gabinete y sostuvo la falta de “responsabilidad penal objetiva” de un presidente “por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras”. La defensa de Cristina Kirchner presentó ese dictamen en el expediente y la propia Cristina Kirchner, luego de poner en relieve sus diferencias ideológicas y la estatura jurídica de Barra, calificó el dictamen de una verdadera “pieza jurídica”.
Luego de que esa asesoría saliera a la luz, la Coalición Cívica pidió que Barra renunciara a la Procuraduría. “Si el procurador que debe defender los intereses del Estado Argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo”, sostuvo Ferraro. Tras ser relevado del caso, al frente del juicio quedó Andrés De la Cruz, el segundo en la Procuraduría, cuyos vínculo con uno de los fondos, el Grupo Petersen, asociado a la familia Ezkenazi, también despertó cuestionamientos.
Por lo curioso, entre los dictámenes de Barra sobresale aquel por el cual dictaminó que los perros de Javier Milei, que suscitaron enorme curiosidad en la opinión pública, eran un asunto personal del Presidente y quedaban por fuera de los pedidos de acceso a la opinión pública. Su intervención fue solicitada por Karina Milei, la secretaria de Presidencia, que aseguró haber recibido un aluvión de pedidos acerca de los perros.
Más reciente fue la resolución con la que respaldó un reclamo de las Iglesias evangélicas para no pagar contribuciones sindicales, anteponiendo la objeción de conciencia.
Durante el menemismo, además de ministro de Justicia, Barra fue secretario de Obras Públicas de José Roberto Dromi, el ministro que ejecutó el plan de privatización del riojano; y también formó parte de la cuestionada Corte que falló irremediablemente en favor del riojano en causas sensibles.
Las acusaciones de haber sido simpatizante del nazismo siempre sobrevolaron su figura y enmarcaron su salida del ministerio en 1996. “Si fue nazi, me arrepiento”, dijo, en una carta que envió a la DAIA en en aquella época.
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