El Gobierno parece decidido a enfrentar a los grupos violentos y, así como erradicó los piquetes, busca evitar que se repitan los incidentes del miércoles pasado.
Ese violento escenario generó alertas en la gestión de Javier Milei, que tomó nota de esa situación y salió en varios frentes a impulsar medidas para evitar la presencia de infiltrados en las marchas.
La presencia de barras de varios clubes de futbol en la manifestación de los jubilados generó alertas en el Gobierno. Por eso, varios funcionarios, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza anunciaron que profundizarán las medidas de seguridad para evitar que se repita la situación generada 7 días atrás.
Es que para este miércoles se espera que la presencia de piqueteros, movimientos sociales y sindicatos, que amenazan con poblar las calles en protesta de los incidentes ocurridos una semana atrás, que terminó con varios heridos y un centenar de detenidos.
Al anuncio de Bullrich de las últimas horas para volver a impulsar la ley antibarras, se sumó ahora una iniciativa del diputado del PRO, cercano a Bullrich, Gabriel Chumpitaz, para establecer derecho de admisión (al igual que el que se aplica en los estadios de fútbol), pero en las marchas.
El polémico proyecto crea «un mecanismo de control de identificación y antecedentes penales en el acceso a las manifestaciones públicas de gran concurrencia».
El sistema será aplicado por las fuerzas de seguridad nacionales y jurisdiccionales mediante anillos de control, vallados estratégicos y segmentación por cuadrículas de avance, según el proyecto del diputado del PRO.
«Protesta Segura»: ¿a quiénes se les prohibirá marchar?
De acuerdo a la iniciativa, que el oficialismo busca tratar lo antes posible en el recinto, se establece un régimen especial de control e identificación para la participación en manifestaciones públicas.
«Las manifestaciones públicas en Argentina han pasado de ser un legítimo instrumento democrático de reclamo ciudadano a convertirse en un escenario propicio para la infiltración de grupos violentos que buscan desestabilizar el orden constitucional. Esta situación quedó en evidencia en los recientes hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional, durante la denominada ‘Marcha de los Jubilados'», recordó el legislador del PRO.
Según Chumpitaz, el proyecto busca prevenir la comisión del delito de sedición,»garantizar el orden público y preservar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica».
El mecanismo de control contemplará la identificación de los manifestantes en los anillos colocados en inmediaciones de la marcha, que permitirán identificar si la persona cuenta con antecedentes penales.
«El proyecto no busca restringir la protesta legítima, sino garantizar que se desarrolle en un marco de paz y respeto por la legalidad. La implementación de anillos de seguridad, la identificación obligatoria y la exclusión de personas con antecedentes violentos permitirán disuadir la presencia de agitadores profesionales, reduciendo así el riesgo de enfrentamientos y garantizando que los manifestantes genuinos puedan ejercer su derecho sin ser instrumentalizados por grupos con otros fines», aseguró Chumpitaz.
De esta forma, y según explica el diputado en los fundamentos, toda persona que desee participar en una manifestación pública «deberá someterse a controles de identificación por parte de las fuerzas de seguridad». Allí deberá presentar su DNI o pasaporte antes de ingresar al anillo.
Luego de ser identificado por las fuerzas de seguridad y en caso de que se compruebe la existencia de antecedentes violentos o proceso por delito de sedición, se le impedirá el acceso.
Tampoco podrán acceder personas encapuchadas o con máscaras ni con ropa que impida su identificación o bien con piedras o palos.
El programa se denominará «Protesta Segura», por el cual se instruye al Ministerio de Seguridad de la Nación a diseñar y ejecutar un programa de control y disuasión, inspirado en el modelo «Tribuna Segura».
De esta manera, con los controles se busca prevenir la infiltración de grupos violentos que puedan generar conflictos o alteren el orden constitucional.
Patricia Bullrich presentó la nueva ley antibarras: ¿a quiénes apunta?
Tal como lo había hecho en su anterior gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, que finalmente nunca llegó al recinto, Bullrich anunció el envío de un proyecto similar al Congreso para investigar el rol de los dirigentes de los clubes y aplicar fuertes sanciones a quienes participen de actos «que no correspondan» con sus funciones.
Bullrich busca penalizar a los dirigentes de los clubes que, dijo, «facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas».
Para la ministra, estas situaciones se enmarcarán dentro de la figura especial de Asociación Ilícita del Fútbol y añadió «esto le cabe también a los organizadores de espectáculos. Hemos encontrado armas de fuego, armas blancas y otro tipo que pasaron los controles. O que estaban adentro unos días antes. Por eso esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafias, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la argentina».