La renuncia de Manuel García-Mansilla planteó un escenario que Cristina Kirchner buscaba evitar: que la Corte Suprema integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranrz y Ricardo Lorenzetti, sea la que revise la sentencia por corrupción del caso Vialidad. Los integrantes del máximo tribunal fueron denunciados por el kirchnerismo y sin éxito, en el Senado durante más de un año impulsaron un juicio político. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública causó una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Hace diez días ingresaron ante el máximo tribunal los recursos de queja con los que los acusados en la causa Vialidad buscan revertir la decisión de la Cámara Federal de Casación, que confirmó la condena firmada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que los encontró responsables de la maniobra fraudulenta, cuyo daño ocasionado se estimó en 85.000 millones de pesos.
El planteo de Carlos Beraldi, defensor de la ex vicepresidenta, incluía la recusación de Manuel García Mansilla quien integró la Corte durante 39 días.
Ese recurso le permitía, en algún punto, ganar tiempo a la defensa de Kirchner, debido a que el planteo tenía que ser estudiado y resuelto antes de avanzar en el tratamiento de las quejas.
El abogado constitucionalista asumió en comisión el 26 de febrero, con el decreto 137/2025 de Milei, y cuando el caso Vialidad ingresó a la Corte ya se encontraba en ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, la ex vice pidió que sea apartado de su eventual intervención en el estudio de la sentencia.
Su reclamo ya quedó abstracto y ahora será la integración más rechazada por Cristina la que deberá resolver si confirma la sentencia condenatoria, en un escenario de ruptura con el gobernador Axel Kicillof que la coloca como una potencial candidata de La Cámpora en suelo bonaerense.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el kirchnerismo inició un juicio político a la Corte Suprema conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El proceso duró más de un año y medio. Pese a obtener un dictamen de la comisión —integrada en su mayoría por el entonces oficialismo- la acusación nunca prosperó, ni mucho menos ingresó al recinto. Con el fin del año legislativo, el dictamen cayó y el juicio político fue al archivo.
Frente a esos antecedentes, la defensa de la actual presidenta del PJ nacional, sólo recusó a García-Mansilla. Los demás ministros del máximo tribunal ya intervinieron en diversos recursos del caso Vialidad, previo al inicio del juicio oral y durante el transcurso del mismo.
Los reclamos de los condenados en Vialidad ingresaron a la Secretaría Penal de la Corte, que aún se encuentra en etapa de elaboración de un informe que será remitido, ahora, a los tres ministros del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.
Después se enviará a la Procuración General de la Nación, dirigida por Eduardo Casal, el reclamo del fiscal general, que busca agravar la pena de la ex vicepresidenta, y se evaluará si debe ser remitido algún otro de los escritos para su análisis.
Hasta tanto no haya un pronunciamiento por parte del jefe de los fiscales, la Corte no estará en condiciones de comenzar a estudiar el expediente.
Una vez que eso ocurra, los ministros del máximo tribunal deberán resolver si abren la queja, es decir si hay elementos suficientes para comenzar a estudiar los reclamos de los imputados y el del Ministerio Público Fiscal. Recién allí, en caso de entender que debe someterse a estudio el expediente, pedirán a Comodoro Py que remitan todas las actuaciones.
Ni el Procurador ni la Corte Suprema de Justicia cuentan con plazos para pronunciarse sobre la causa Vialidad. Las sentencia condenatoria dictada el 6 de diciembre de 2022 sólo quedará firme cuando Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti fijen un criterio al respecto.
En noviembre pasado los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, encontraron que los hechos atribuidos a Cristina Kirchner tenían sustento jurídico y convalidó los fundamentos del TOF 2. Los integrantes de la Sala IV expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, «en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».
La sentencia confirmada da por acreditada la maniobra en la que «integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública», en referencia Báez.
Al respecto, añadieron que la finalidad fue «asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».