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El BCRA eliminó un nuevo control para las operaciones en dólares de los bancos

El Banco Central de la República Argentina sigue buscando incentivar el plan «dólar colchón», incentivando el uso de moneda extranjera

19/06/2025 – 20:36hs

El BCRA busca potenciar el Plan Colchón y avanza con la idea de levantar regulaciones y restricciones para el uso de dólares en el sistema financiero. Es decir, el Gobierno busca que las personas saquen sus ahorros en moneda extranjera del circuito informal y lo vuelquen al formal.

En la búsqueda de este objetivo, hoy dejó sin efecto el régimen informativo de «Anticipo de operaciones cambiarias«, el cual entró en vigencia en el 2019. La medida fue oficializada a través de la Comunicación «A» 826. La misma tendrá vigencia a partir del 23 de junio.

Que exigía la normativa y cuál es el plan del Gobierno

La normativa exigía a las entidades financieras que le envíen con una antelación de 48 horas el detalle de todas las operaciones de cambio que hayan sido mayores a u$s100.000 tanto para personas humanas como jurídicas.

El plan del Gobierno con esta derogación es, en el marco de llamado Plan Colchón, levantar las trabas para las operaciones y avanzar en el proceso de normalización del mercado de cambios. Y, por otro lado, es reflejo de la mayor liquidez que tiene el BCRA.

Qué dice la ley que envió el Gobierno al Congreso para «sacar los dólares del colchón»

Recientemente, en la búsqueda del mismo objetivo, ingresó formalmente por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación, tal como había sido anunciado por el Poder Ejecutivo, un proyecto de ley de «principio de inocencia fiscal». Se trata de una reforma integral al Régimen Penal Tributario, que incluye cambios significativos en los montos a partir de los cuales una conducta se considera delictiva, además de la creación de mecanismos alternativos al proceso penal para incentivar la recaudación.

La iniciativa propone una actualización profunda de los umbrales monetarios para delitos fiscales y de la seguridad social, algunos de los cuales se multiplican por cien respecto a los valores actuales. También plantea un nuevo esquema para la extinción de la acción penal, con la posibilidad de pagar la deuda y un 50% adicional incluso tras una denuncia formal.

La iniciativa propone una actualización profunda de los umbrales monetarios para delitos fiscales y de la seguridad social, algunos de los cuales se multiplican por cien respecto a los valores actuales. También plantea un nuevo esquema para la extinción de la acción penal, con la posibilidad de pagar la deuda y un 50% adicional incluso tras una denuncia formal.

El Ejecutivo busca que el sistema funcione con incentivos económicos, y no solamente con amenazas penales. En este marco, la iniciativa despenaliza de hecho muchas conductas que hasta ahora eran perseguidas judicialmente, mediante la actualización de los montos involucrados.

Cambios clave en el Régimen Penal Tributario

El proyecto propone elevar sustancialmente los montos mínimos que configuran delitos tributarios, tanto en el plano general como en relación con la seguridad social. A continuación, un detalle de las nuevas escalas:

Delitos tributarios

  • Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100.000.000 por impuesto y ejercicio fiscal.
  • Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.
  • Uso fraudulento de beneficios fiscales (exenciones, desgravaciones, etc.): de $2.000.000 a $200.000.000.
  • Utilización de facturas o documentos apócrifos: de $1.500.000 a $100.000.000.
  • Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales: de $1.500.000 a $100.000.000.

Delitos vinculados a la seguridad social

  • Evasión simple: de $200.000 a $7.000.000.
  • Evasión agravada: de $1.000.000 a $35.000.000.
  • Apropiación indebida de recursos de la seguridad social: de $100.000 a $3.500.000.

Otros delitos comunes

  • Simulación dolosa de cancelación de obligaciones: de $500.000 a $20.000.000 anuales, y de $100.000 a $3.500.000 mensuales.

Esta actualización tiene un impacto directo en la litigiosidad penal tributaria, ya que reduce significativamente la cantidad de casos que podrían ser judicializados bajo la legislación actual.

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