BRASILIA.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo después de perder las elecciones presidenciales de 2022.
Es el primer exmandatario en ser declarado culpable de intentar anular una elección en el país con la mayor economía de América Latina. Bolsonaro siempre negó haber cometido algún ilícito.
Cuatro de los cinco jueces de un panel del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron el jueves a favor de una condena, y lo sentenciaron a 27 años y tres meses en prisión. Esto, sin embargo, no significa que será encarcelado de inmediato.
Esto es lo que se debe saber sobre el proceso contra Bolsonaro y cómo puede seguir:
La fiscalía acusó a Bolsonaro de cinco delitos: intentar un golpe de Estado después de perder la contienda presidencial de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, participar en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, daño calificado por violencia y deterioro del patrimonio.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el fiscal general, Bolsonaro reunió a funcionarios del gabinete y oficiales militares para discutir un decreto de emergencia que habría suspendido los resultados electorales para investigar afirmaciones no probadas de fraude electoral. En total, son ocho los condenados, con distintas sentencias, por estos cargos.
El juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, dijo que Bolsonaro llevó a cabo una serie de acciones entre 2021 y el 8 de enero de 2023 -día del asalto a las sedes del poder en Brasilia- que constituyeron un intento de golpe de Estado.
Bolsonaro podría ir a prisión solo una vez que haya una sentencia firme, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos disponibles. Por lo tanto, el expresidente no será encarcelado por el momento, pero permanecerá bajo arresto domiciliario.
Después de dar a conocer la sentencia, la Primera Sala del STF tiene hasta 60 días para publicar el fallo. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de para aclarar contradicciones o inexactitudes en las votaciones de los magistrados.
Los abogados del expresidente anticiparon que intentarán apelar tanto la condena como la sentencia ante los 11 jueces del pleno del Supremo Tribunal Federal, aunque algunos expertos piensan que es poco probable que la apelación sea aceptada.
“Es poco probable, pero no imposible, que haya apelaciones ante el pleno del Supremo Tribunal Federal”, dijo Rafael Mafei, abogado y profesor de derecho en la Universidad de Sao Paulo. “Pero, desde luego, las defensas lo intentarán, porque deben hacerlo”.
La oficina de prensa del máximo tribunal dijo a la agencia AP que, de acuerdo con la jurisprudencia de la corte, el pleno puede aceptar una apelación únicamente si hay al menos dos votos disidentes en un fallo. Y en este caso, sólo uno de los cinco jueces estuvo en desacuerdo y pidió la absolución de Bolsonaro.
No. La Ley de Ejecución Penal prevé la transición de un régimen cerrado —en el que el condenado permanece en prisión íntegramente— a un régimen semiabierto, donde se puede trabajar fuera de la prisión durante el día, y posteriormente a un régimen abierto, donde el confinamiento nocturno puede tener lugar en el propio domicilio.
Estos cambios, denominados “progresión del régimen”, dependen de la duración de la condena. La ley exige que se cumpla al menos el 16% (una sexta parte) de la condena antes de salir del régimen cerrado. Sin embargo, en el caso de delitos que impliquen “violencia contra la persona o amenaza grave”, la regla de progresión es más lenta, requiriendo el 25% del tiempo cumplido.
“Entiendo que los delitos que llevaron a la condena de Bolsonaro se ajustan a la hipótesis de progresión tras el cumplimiento del 25% de la pena, no a la del 16%”, declaró Daniel Kakionis Viana, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Cruzeiro do Sul.
El expresidente fue condenado a 27 años y tres meses, pero el período de prisión —es decir, un régimen cerrado— establecido en la votación del juez Alexandre de Moraes, y seguido por la mayoría de la Primera Sala, fue de 24 años y nueve meses. Por lo tanto, Bolsonaro, en teoría, tendría que cumplir poco más de seis años de prisión antes de ser transferido al régimen semiabierto.
Este análisis, sin embargo, lo realizará el STF con base en las solicitudes de la defensa de Bolsonaro. La legislación también condiciona la progresión a un régimen a la demostración de buena conducta penitenciaria por parte de los condenados.
Sí. Según los expertos, los abogados defensores pueden argumentar, antes o después de la sentencia firme, que ciertos condenados no pueden cumplir sus condenas en régimen cerrado, lo cual el STF podría conceder tras revisar los recursos.
El experto en derecho penal Daniel Kakionis Viana explica que “no existe la pena de prisión domiciliaria” en la legislación brasileña, pero que los jueces pueden ajustar la forma en que se cumplen las condenas incluso antes de que comiencen.
Según la abogada penalista Ana Krasovic, el juez “puede ordenar excepcionalmente la prisión domiciliaria” en casos que involucren a personas mayores de 70 años o “que padezcan una enfermedad grave”, circunstancias que los abogados defensores de Bolsonaro ya han declarado que someterán a la revisión del Tribunal.
“El Tribunal Supremo entiende que, en circunstancias excepcionales, la prisión domiciliaria es posible incluso en los casos en que la pena impuesta requiera un régimen semiabierto o cerrado”, declaró Krasovic.
En un caso reciente analizado por la Sala Primera del STF, el expresidente Fernando Collor de Mello pasó cinco días en una prisión de Maceió, tras ser condenado a ocho años y diez meses en régimen cerrado; posteriormente, el Tribunal lo autorizó a cumplir la pena en su domicilio, luego de que la defensa alegara que sufría problemas de salud.
El STF lo decidirá el tribunal emite la llamada “orden de retención”, un documento que formaliza el inicio de la sentencia una vez agotados todos los recursos.
Es poco probable que sea trasladado a una prisión regular. Como expresidente, tiene derecho a un encarcelamiento especial, el cual podría tener lugar en el edificio principal de la Policía Federal en Brasilia, un batallón de la Policía Militar o una unidad de las Fuerzas Armadas. El Ejército cuenta con 20 celdas del Estado Mayor en el Distrito Federal, aptas para recibir a los condenados por la conspiración golpista.
La Ley de Ficha Limpia establece que la inelegibilidad, en caso de condena penal, se extiende por ocho años después del cumplimiento de la condena, período durante el cual la persona condenada también es inelegible. Por lo tanto, Bolsonaro podría ser inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta 2060, según la redacción actual de la ley.
Sin embargo, a principios de este mes, el Congreso aprobó una modificación a la ley para que el período de inhabilitación no supere los ocho años, una flexibilización que aún debe ser firmada por el presidente Lula da Silva para entrar en vigor; en este caso, el expresidente no podría ejercer el cargo hasta 2033.
Sin embargo, el cambio no se aplicaría a Bolsonaro, ya que la nueva norma excluye los delitos cometidos por organizaciones criminales, uno de los cargos por los que se lo condenó.
Agencias ANSA, AP y diario O Globo (GDA)