La reforma laboral aprobada en el Senado —y aún pendiente de tratamiento en Diputados— encendió alarmas en el sistema de salud privado y en las obras sociales. El eje del conflicto es el artículo que propone reducir el aporte patronal a la Seguridad Social del 6% al 5%.
Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud,fue contundente: “Si yo bajo del 6 al 5 por ciento lo que indica ese artículo es un recorte del 13 por ciento en el financiamiento”. Según explicó, no se trata de “un punto menos”, sino de una caída significativa en recursos que sostienen prestaciones médicas.
El dirigente señaló que el sistema ya atraviesa una situación delicada. “En salud, la gran dificultad es el financiamiento”, afirmó, al tiempo que recordó que los costos del sector crecen por encima de la inflación general y de la capacidad de pago de la población.
Impacto en obras sociales y hospitales públicos
El presidente de la Cámara Tucumana advirtió que la reducción de ingresos afectaría no solo a empresas prestadoras, sino también a las obras sociales nacionales, muchas de las cuales ya están en crisis.“Eso dejaría fuera de carrera no solamente a las empresas como las nuestras, sino a la mayoría de las obras sociales nacionales”, sostuvo.
El interrogante, según Koltan, es qué ocurrirá si se debilita el financiamiento del sistema contributivo. “Si liquidamos la Seguridad Social por vía del recorte de financiamiento, ¿dónde va a ir la población?, planteó. Y respondió con preocupación: “Va a ir al hospital público que ya está saturado”.
En provincias como Tucumán, explicó, la capacidad del sistema público ya está al límite. La consecuencia sería doble: deterioro en la calidad y reducción en la posibilidad de acceso. “Lo que ponemos en riesgo es la capacidad de atención de salud, no solamente la calidad, sino la posibilidad de atención de la población”, enfatizó.
Koltan también alertó sobre el impacto fiscal más amplio. El recorte implicaría, según sus cálculos, 93.000 millones de pesos menos para la Seguridad Social, afectando indirectamente la coparticipación federal y profundizando el “cuello de botella” financiero.
Un derecho constitucional en juego
El dirigente insistió en que el debate no debe centrarse en intereses empresariales, sino en el acceso sanitario de la ciudadanía. “Esto lo termina pagando la población indudablemente”, afirmó, en referencia a mayores costos de bolsillo o menor cobertura.
Finalmente, Koltan apeló al marco legal y social del sistema: “Es un derecho constitucional que tenemos que entre todos los actores de esta actividad tenemos que garantizarlo”. Y advirtió que los errores pueden corregirse, pero no a costa de desmantelar un derecho básico.