Un reciente episodio de violencia escolar en Argentina reabre el debate sobre la imputabilidad de menores, el acceso a armas y las políticas de salud mental. Este artículo examina el marco legal vigente y los cambios que introducirá una nueva ley a partir de septiembre.
Un adolescente de 15 años ingresó a un establecimiento educativo con un arma de fuego oculta, ocasionando la muerte de un compañero de 13 años y lesiones a otros. El hecho, ocurrido en marzo, ha generado un amplio debate social y pone el foco en la legislación argentina respecto a la responsabilidad penal de los menores de edad.
Bajo la Ley 22.278, actualmente vigente, el umbral de imputabilidad se establece en los 16 años. Por lo tanto, un joven de 15 años es considerado legalmente inimputable y no puede recibir una condena penal. En estos casos, se inicia un expediente tutelar ante un Juzgado de Menores, donde un juez puede disponer, entre otras medidas, la internación en un instituto especializado por un tiempo indeterminado, el cual puede extenderse hasta que la persona cumpla 21 años.
Recientemente, el Congreso sancionó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Sin embargo, esta normativa entrará en vigencia en septiembre de 2024 y, por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal más gravosa, no es aplicable al caso en cuestión. Bajo el nuevo régimen, para las personas entre 14 y 18 años, la declaración de inimputabilidad requerirá una evaluación judicial específica con peritajes, dejando de ser la edad el único factor determinante.
Más allá de la situación penal del adolescente, el análisis señala otros frentes de responsabilidad. En primer lugar, la investigación sobre el origen del arma, ya que el adulto que la suministre o facilite a un menor enfrenta una pena de 4 a 10 años de prisión. En segundo término, se destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y de contención en el ámbito escolar. Por último, se subraya la importancia de políticas públicas integrales en materia de salud mental para la prevención.
El expediente tutelar que se sigue actualmente incluirá pericias psicológicas y psiquiátricas obligatorias, cuyo diagnóstico será fundamental para definir las medidas terapéuticas y de internación aplicables al joven involucrado.