Un informe analiza el impacto de normas sobre educación, discapacidad y reforma laboral en las cuentas públicas, y evalúa cómo la reducción de subsidios e ingresos por privatizaciones podrían equilibrar el objetivo oficial.
El equilibrio fiscal se ha consolidado como un pilar central del programa económico del Gobierno. Sin embargo, tres iniciativas legislativas podrían generar presión sobre la meta oficial de alcanzar un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.
Según un análisis de PwC, la reforma laboral reciente implica un costo fiscal estimado en el 0,15% del PBI, debido a la eliminación de impuestos internos y una menor recaudación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este impacto podría ampliarse hasta el 0,18% si se aplican las alícuotas máximas.
El informe advierte además sobre el efecto de otras dos leyes sancionadas en 2025, que se encuentran en distintas etapas de implementación. La ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tiene un costo estimado del 0,23% del PBI, aunque su aplicación plena es incierta debido a cuestionamientos judiciales y una alternativa de menor impacto presentada por el Gobierno.
Por otro lado, la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad presenta un rango de impacto más amplio, entre el 0,25% y el 0,48% del PBI. Aunque ya fue reglamentada, el Poder Ejecutivo evalúa una contrapropuesta. Considerando un punto medio (0,37%), la suma del costo directo de estas tres normas podría alcanzar aproximadamente el 0,75% del PBI en 2026.
Frente a este escenario, el estudio identifica factores compensatorios que permitirían sostener la meta fiscal. El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que viene disminuyendo aproximadamente medio punto del PBI por año, tendencia reforzada por el nuevo esquema de subsidios focalizados implementado desde febrero de 2026.
En segundo lugar, se destacan los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones, como la adjudicación de represas hidroeléctricas del Comahue y procesos en curso en empresas como AySA, CITELEC e Intercargo. Se estima que estos aportarían alrededor del 0,25% del PBI.
El tercer factor es la reducción del gasto en salarios del sector público, que en 2025 representó el 1,9% del PBI, uno de los niveles más bajos de la última década. No obstante, el espacio para continuar ajustando este rubro es limitado, y se estima una reducción adicional de alrededor del 0,1% del PBI en 2026.
En conjunto, estos tres factores generarían un impacto fiscal positivo de hasta el 0,85% del PBI, lo que, según el informe, sería suficiente para compensar la mayor presión del gasto derivada de las nuevas leyes.