A partir del 1 de julio, la ley SB 290 introduce modificaciones en la gestión de tierras de conservación, el uso de maquinaria y los exámenes para licencias comerciales, entre otros aspectos.
El estado de Florida, Estados Unidos, pondrá en vigencia a partir del próximo 1 de julio la ley SB 290, promulgada por el gobernador Ron DeSantis. La normativa introduce una serie de cambios regulatorios que afectan al sector agrícola, la gestión de tierras y diversos aspectos de seguridad y transparencia.
Entre las disposiciones más destacadas, la ley prohíbe a los gobiernos locales restringir el uso de maquinaria de jardinería o agricultura que funcione con gasolina. Asimismo, ordena al Departamento de Protección Ambiental del estado analizar qué tierras de conservación estatal poseen aptitud para ser destinadas a fines agrícolas legítimos.
La legislación también establece nuevos requisitos de densidad para promotores en municipios pequeños, aunque prevé mecanismos de exención mediante votación unánime. Según se informa, el objetivo de estas medidas es simplificar la actividad en las comunidades rurales mediante la reducción de trámites burocráticos.
En materia de seguridad, la SB 290 impone castigos penales por brindar o recibir ayuda no autorizada durante los exámenes para la obtención de la licencia de conducir comercial (CDL). De forma separada, prohíbe de manera estricta la fabricación, venta o posesión de dispositivos inhibidores de señales en todo el territorio floridano.
Otras reformas incluyen la derogación formal de la participación de Florida en el Pacto Energético de los Estados del Sur y la eliminación de la Iniciativa de financiación de alimentos saludables como parte de una reestructuración del Departamento de Agricultura estatal. Finalmente, la ley prohíbe la solicitud comercial en propiedades que cuenten con la señalización adecuada de «no se permite la solicitud».
El gobernador DeSantis anunció la firma de la ley el pasado 23 de marzo, señalando que su propósito es consolidar reformas destinadas a proteger la agricultura, a los consumidores y a las comunidades rurales del estado.