La Justicia investiga tres causas que involucran a funcionarios del Ejecutivo, en un contexto de creciente judicialización de la política y debate sobre la coherencia del discurso oficial.
El Gobierno nacional se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia federal, que avanza en la investigación de tres causas que involucran a altos funcionarios. Se trata de los presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso Libra vinculado a criptomonedas y una investigación por enriquecimiento ilícito y dádivas que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las dos primeras causas tienen como investigados a la hermana del presidente, Karina Milei, y al propio mandatario.
Estos procesos judiciales se desarrollan en un escenario donde la política parece cada vez más judicializada, un fenómeno que también se observa en otras causas, como las que involucran a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Analistas señalan que es poco frecuente que presidentes o funcionarios de primer nivel en ejercicio declaren en los tribunales, ya que una regla no escrita indica que suelen hacerlo una vez finalizadas sus funciones.
En paralelo, se observa una disputa institucional por la Procuración General de la Nación, que enfrenta intereses del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del juez federal Ariel Lijo, quien lleva la causa contra Adorni. Ambos magistrados tienen un pasado laboral en común y buscan consolidar su posición con apoyos políticos transversales.
Las pruebas en la causa contra el jefe de Gabinete, según fuentes judiciales, se centran en un viaje a Punta del Este y en la justificación del patrimonio del funcionario, particularmente en la adquisición de inmuebles desde su asunción. Desde el oficialismo se ha defendido la probidad de sus integrantes, aunque la situación ha generado debates sobre la coherencia ética del discurso gubernamental.
Este debate se intensificó tras conocerse que la ministra Sandra Pettovello despidió a su jefe de Gabinete por acceder a un crédito millonario del Banco Nación, mientras otros funcionarios también habrían obtenido préstamos en condiciones favorables. El hecho generó cuestionamientos en un contexto económico donde gran parte de la sociedad enfrenta altas tasas de interés y dificultades para acceder al crédito.