La gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino al frente de la Asociación del Fútbol Argentino es objeto de causas penales por evasión fiscal y lavado de dinero, además de un conflicto administrativo por su reelección.
La gestión de Claudio «Chiqui» Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo escrutinio judicial y administrativo. Las causas abarcan desde un procesamiento penal por evasión fiscal hasta investigaciones por lavado de activos y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.
El juez federal Diego Amarante procesó a ambos directivos a fines del mes pasado por una presunta evasión fiscal de aproximadamente 19.000 millones de pesos. La investigación de la AFIP habría detectado una maniobra sistemática de retención indebida de aportes previsionales de los empleados de la AFA, dinero que habría sido utilizado para realizar una «bicicleta financiera». Como medidas cautelares, el magistrado les impuso un embargo de 350 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país.
En paralelo, avanza una investigación por lavado de dinero que vincula a la cúpula de la AFA con la firma Sur Finanzas, sponsor de la entidad y de varios clubes. Se indaga la relación con su dueño, Ariel Vallejo, persona allegada a Tapia. Otra línea de investigación se centra en la compra de una propiedad de lujo en Pilar, que estaría vinculada a Toviggino a través de testaferros, así como en la adquisición de autos de alta gama, para determinar el origen de los fondos.
La Cámara Federal de Casación Penal suspendió recientemente la audiencia para definir qué tribunal será competente para investigar esta causa: si continúa en el fuero penal económico, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, o pasa al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, como pretenden los dirigentes acusados.
En el ámbito administrativo, persiste un conflicto que pone en duda la legitimidad del mandato de Tapia. Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, solicitó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la anulación de la asamblea de octubre de 2024 donde Tapia fue reelegido. Si bien la IGJ intentó frenar la asamblea por considerarla «irregular y fuera de término», la Cámara Civil falló inicialmente a favor de la AFA, validando la elección.
Otro punto de controversia es la decisión de la AFA de no renovar el contrato con Torneos (Grupo Clarín) para la transmisión del fútbol de ascenso, otorgando los derechos a su propia plataforma, AFA Play.
De confirmarse el procesamiento y elevarse a juicio oral, el estatuto de la AFA podría forzar una intervención o un llamado a elecciones anticipadas en la entidad.