La iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde 2010, con cambios en los criterios de internación, una nueva terminología y un plan para fortalecer la red de atención en todo el país.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que el Poder Ejecutivo presentará en los próximos días un proyecto de ley para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, vigente desde 2010. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, la reforma apunta a actualizar la normativa para «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario» y «clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales».
Entre los puntos clave del proyecto, se prevé la habilitación de internaciones involuntarias como recurso excepcional. En casos de urgencia, un médico psiquiatra podrá indicar una internación de este tipo, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. El texto también extiende de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. Asimismo, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se evalúa que su capacidad está afectada, la situación podría transformarse en involuntaria con la correspondiente notificación a la justicia.
El nuevo enfoque reemplaza criterios anteriores por el de «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», incorporando el análisis del contexto y los antecedentes para, según las fuentes oficiales, permitir «intervenciones más oportunas y preventivas».
El proyecto también aborda la falta de aplicación homogénea de la ley en el territorio nacional. Según datos oficiales, solo 16 jurisdicciones se adhirieron formalmente a la normativa, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. «Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio», señalaron las fuentes.
Otra modificación propuesta es el reemplazo del término «padecimiento mental» por la clasificación de «trastornos mentales o del comportamiento» según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), considerada más precisa.
Frente al proceso de cierre de hospitales psiquiátricos y traslado a hospitales generales, la iniciativa propone «fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad», que incluiría hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Para fortalecer la supervisión, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión e incorporar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.
Tras el anuncio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó: «Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia». Además, puso a disposición del Congreso a su equipo de salud para «trabajar en una ley mejor».
Esta iniciativa se conoce una semana después de que un grupo de legisladores bonaerenses de la Coalición Cívica presentara un proyecto para declarar la emergencia en salud mental por tres años en la provincia de Buenos Aires, argumentando una crisis en los servicios de atención y proponiendo medidas urgentes en salud y educación.