El magistrado Alfredo Eugenio López presentó su dimisión, pero el Poder Ejecutivo solicitó un informe al Consejo de la Magistratura antes de definir su aceptación, en el marco de un proceso por mal desempeño.
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, presentó su renuncia al cargo. El magistrado enfrenta un proceso ante el Consejo de la Magistratura por publicaciones en redes sociales consideradas antisemitas y xenófobas. El Gobierno no aceptó la dimisión de inmediato y requirió al Consejo información sobre la causa en trámite.
La decisión sobre aceptar o rechazar la renuncia tiene consecuencias directas. Si es rechazada y el juez es sometido a un juicio político que culmine en su remoción, perdería el derecho a cobrar la jubilación. En cambio, si se acepta, podría acceder a su retiro.
López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, está próximo a ser enjuiciado por el jury. Las acusaciones se basan en expresiones difundidas desde su cuenta en la red social X, donde, según las denuncias, realizó distinciones denigrantes entre «judíos» y «argentinos» y utilizó conceptos impropios para un magistrado. Entre las publicaciones cuestionadas se encuentran afirmaciones sobre Hamas e Israel, así como la replicación de imágenes con simbología ofensiva.
Organizaciones de la comunidad judía y particulares presentaron denuncias formales, adjuntando capturas de pantalla de las publicaciones. Sostienen que el juez utilizó la red social para difundir de manera sistemática expresiones que comprometen su imparcialidad y decoro, configurando un patrón de hostilidad.
Por su parte, el juez López defendió sus dichos como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, negó que constituyeran un delito y cuestionó la legitimidad de las organizaciones denunciantes.
El Consejo de la Magistratura debe ahora elaborar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo. Este paso es necesario para que el Gobierno defina el curso de acción, preservando la posibilidad de avanzar con procesos disciplinarios incluso si el funcionario intenta retirarse antes de un fallo definitivo.