Una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires investiga a once personas por presuntas amenazas e instigación a cometer delitos, en una causa iniciada tras una denuncia del diputado Sebastián Pareja. Referentes del oficialismo expresaron críticas al procedimiento judicial.
La fiscalía de delitos complejos a cargo de Celsa Ramírez citó a indagatoria a once usuarios de la red social X (antes Twitter) en el marco de una causa por presuntas amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. La investigación se inició en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de la filial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA).
Según fuentes cercanas al legislador, la denuncia se presentó después de que se difundiera su número de teléfono celular en la plataforma. «No se denunció a nadie por opinar distinto; el tema lo siguió la Justicia», afirmaron allegados a Pareja. Tras un sorteo, el caso quedó a cargo de la fiscal Ramírez, quien logró identificar e imputar a los once usuarios.
En las últimas horas, la jueza Paula Nuñez Gelvez rechazó un pedido de recusación presentado por el abogado de uno de los imputados. Tres de las personas citadas debían declarar esta semana, pero dos solicitaron postergar su indagatoria.
El caso generó reacciones dentro del espacio oficialista. Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan» y referente del grupo Las Fuerzas del Cielo, criticó la decisión de Pareja de avanzar con la denuncia. En su programa «La Misa», el empresario y médico afirmó que era «poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros» y expresó su apoyo a quienes «dieron la batalla cultural» por el presidente Javier Milei.
Otros militantes cercanos a Parisini, como Esteban Glavinich y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, también cuestionaron el procedimiento judicial, calificándolo como un ataque a la libertad de expresión y realizando críticas personales contra la fiscal a cargo.
Cabe destacar que la fiscal Ramírez se desempeñó hasta marzo de 2024 como fiscal de eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente está a cargo de la fiscalía 35°, donde también se investiga una denuncia de la diputada Marcela Pagano contra otros usuarios de redes sociales.
Este episodio judicial se da en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, entre referentes que priorizan la construcción política territorial y aquellos que enfatizan la actividad en redes sociales y la «pureza ideológica».