La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco integrantes de la familia, vinculada a la organización del TC, por un esquema societario que habría evadido cerca de $4.000 millones. La defensa apeló la medida.
La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco integrantes de la familia Mazzacane, vinculada a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), por su presunta participación en un entramado de empresas destinado a evadir el pago de impuestos por un monto estimado en $3.965.225.508.
Según la investigación, el esquema habría funcionado bajo el paraguas de la firma Quilmes Tolosa S.A., una distribuidora que no tiene relación con la cervecera histórica. El juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento por los delitos de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
Los imputados son Hugo Héctor Mazzacane (79), presidente de la ACTC; su hijo Gastón (50), vicepresidente; Liliana Mónica Videla (74), esposa de Hugo y expresidenta de la empresa; Juan Manuel Mazzacane (48), otro hijo del matrimonio; y un sobrino, Marcelo Oscar Mazzacane (50).
La fiscalía sostiene que los acusados desempeñaron roles coordinados dentro de un grupo económico-familiar. Las maniobras investigadas incluirían el traspaso de bienes a empresas «fantasma», la creación de un fideicomiso (Quilbeb Sur) para canalizar fondos, y el uso de un software de «contabilidad paralela» para ocultar hasta un 40% de la facturación real de Quilmes Tolosa S.A.
El objetivo del esquema, según la investigación, habría sido llevar a la empresa distribuidora a una situación de insolvencia fraudulenta para frustrar los cobros de la agencia recaudadora ARCA, mientras mantenían el control real de los negocios.
La defensa de los empresarios, a cargo del estudio de Alfredo Gascón Coti, apeló el procesamiento. Sostuvieron que la medida es una «exageración» que desconoce la nueva ley de inocencia fiscal y que, al estar en trámite pagos aceptados por ARCA, no habría elementos para suponer un delito.
En su dictamen, el juez Ramos Padilla también dictó la falta de mérito para algunos montos de evasión simple, al no alcanzar el nuevo umbral mínimo de $100 millones establecido por la reforma de la Ley 27.799.