El fiscal Diego Velasco pidió a la Cámara de Casación que ordene el comienzo del debate oral, argumentando dilaciones en la causa por lavado de dinero. El tribunal a cargo había rechazado fijar fecha hasta la finalización de un peritaje contable.
El fiscal Diego Velasco presentó un escrito ante la Cámara de Casación solicitando que se disponga el inicio urgente del juicio oral y público contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, en el caso que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de las empresas Hotesur y Los Sauces.
El tribunal oral federal N° 5, integrado por los jueces Juan Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, había decidido no fijar una fecha para el debate hasta que concluya un peritaje contable en trámite. Dicho estudio busca determinar si existe correlación entre los fondos recibidos por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López durante gestiones anteriores y las transferencias realizadas a empresas vinculadas a la familia Kirchner.
En su presentación, el fiscal Velasco cuestionó lo que denominó «una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas» que, a su criterio, impiden el avance de la justicia en causas de gravedad institucional. Señaló que la resolución del tribunal fue emitida un día antes del regreso de la jueza Adriana Palliotti de una licencia, procedimiento que calificó de «irregular».
Velasco pidió que se establezca de manera inmediata la fecha para el inicio del debate, aclarando que la premura de su pedido radica en fijar el cronograma, contemplando un tiempo prudencial para la culminación de las medidas probatorias pendientes.
La presentación judicial sostiene que, bajo el argumento del cuidado de las garantías, se terminan paralizando causas por corrupción. El fiscal criticó el apego a los «formalismos legales» por parte de los magistrados, argumentando que la decisión de no fijar fecha «carece de una adecuada fundamentación» y se apoya en una «literalidad férrea» de los códigos, ignorando la necesidad de alcanzar una resolución definitiva.
Por su parte, los jueces del tribunal oral fundamentaron su decisión en que el Código Procesal indica comenzar el juicio una vez concluida la prueba, y en este caso el peritaje contable aún está en elaboración. Advirtieron que iniciar el debate sin estas pericias podría poner «eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones».
Frente a esto, Velasco argumentó ante la Sala I de la Cámara de Casación que la instrucción suplementaria lleva entre seis y siete años, superando «todos los límites de la razonabilidad y la paciencia institucional». Sostuvo que «esperar a que la última pericia contable esté perfecta, luego de siete años de dilaciones, no es garantía procesal, es denegación de justicia».
El fiscal acudió a la instancia de Casación para revertir la decisión del tribunal oral, señalando que es posible fijar una fecha y que existen antecedentes en ese sentido.