Especialistas y asociaciones del sector expresan preocupación por la iniciativa enviada al Congreso, que modificaría la ley vigente en aspectos como financiamiento, internaciones y criterios de atención.
El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, ha generado un amplio debate entre especialistas, asociaciones y autoridades provinciales. Distintos actores del sector advierten sobre posibles consecuencias en el financiamiento, la burocracia y el acceso a los tratamientos.
Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, señaló en declaraciones radiales que uno de los puntos más cuestionados es el financiamiento. La ley vigente establece que el Estado debe destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental, mientras que el nuevo proyecto elimina esa obligación específica. «Eso significa directamente eliminar el presupuesto destinado a salud mental», afirmó Trimboli.
El debate se da en un contexto de aumento sostenido de consultas por problemáticas de salud mental. Otro cambio central refiere a las internaciones involuntarias. La ley actual permite la internación ante un «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros». La reforma propone elevar ese requisito a «riesgo grave para la vida y la integridad física», lo que, según algunos especialistas, podría dificultar intervenciones tempranas. Además, el proyecto exige que la internación sea firmada inicialmente por un médico psiquiatra, un requisito que podría generar demoras en regiones con escasez de estos profesionales.
También se modifica el concepto de cobertura. La ley actual garantiza atención a personas con «padecimiento mental», una categoría amplia. El proyecto la reemplazaría por la clasificación de trastornos psiquiátricos del CIE-11, lo que, según los críticos, podría limitar la cobertura a diagnósticos formales y excluir a personas en crisis emocionales o duelos sin un trastorno psiquiátrico diagnosticado.
Según informó Trimboli, 18 provincias han manifestado su oposición al proyecto tras una reunión con autoridades nacionales. También se ha señalado que la iniciativa podría debilitar el rol de los hospitales generales. Mientras el proyecto inicia su tratamiento legislativo, representantes del sector de salud mental han comenzado gestiones con legisladores para expresar sus críticas a la iniciativa.