La crisis entre PAMI, prestadores y farmacias se agrava por deudas millonarias, afectando la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados.
La crisis entre PAMI, prestadores y farmacias volvió a escalar con advertencias de cortes en la provisión de medicamentos, especialmente en el circuito barrial. Florencia Markarian, abogada previsional, sostuvo que la situación es “crítica a nivel nacional” y que las farmacias de barrio están “al límite” por una deuda que “no se puede cubrir”.
Según explicó, el impacto ya se ve en la calle: muchos afiliados presentan la receta y se encuentran con que “no hay stock” y deben recorrer varias farmacias para completar el tratamiento. Markarian remarcó que el daño no es abstracto: lo paga el jubilado. “Los problemas más graves los termina enfrentando el jubilado, el pensionado que está afiliado al PAMI”, afirmó, y advirtió que hay tratamientos que no permiten interrupciones. Mencionó casos vinculados a trasplantes, tratamientos oncológicos y diabetes, y fue contundente sobre el riesgo: “uno habla de la salud pero está hablando de la vida”.
En este escenario, la especialista detalló herramientas legales y administrativas para reclamar cobertura o provisión inmediata. Sostuvo que existen vías como amparos y medidas cautelares para obtener una resolución “por lo menos en un plazo de 48 horas”, y señaló que la Corte ya se expidió en un punto clave: los problemas administrativos no deberían trasladarse al afiliado.
Markarian describió un cuadro de tensión por falta de fondos y deuda acumulada. Explicó que las farmacias de barrio tienen menos espalda para sostener stock cuando los pagos se atrasan, por lo que el circuito se rompe primero en las más chicas. “La deuda es de un valor muy alto que no se puede cubrir”, afirmó, y señaló que el afiliado se entera al momento de retirar la medicación. La consecuencia, según la abogada, es un recorrido forzado del jubilado por distintas farmacias para conseguir lo indicado. Dijo que “tienen que ir recorriendo distintas farmacias” hasta encontrar dónde puedan cubrir “todos esos medicamentos”. En su mirada, ese peregrinaje no debería existir, porque el sistema debería garantizar continuidad en tratamientos que dependen de una toma regular.
Markarian también ubicó el problema dentro de una disputa institucional. Se refirió a una discusión entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, y sostuvo que mientras no se resuelva “no hay un traspaso de fondos” ni “un adelanto”, quedando el afiliado como perjudicado. Su postura es que la administración no puede trasladar su conflicto al paciente, menos cuando hay patologías sensibles.
Ante la falta de medicamentos, Markarian explicó que el afiliado tiene recursos para exigir una respuesta rápida. “Tienen algunos recursos para reclamar, recorriendo ya sea a los amparos, solicitando medidas cautelares”, indicó, y remarcó el objetivo: lograr una resolución en 48 horas para garantizar continuidad del tratamiento. La abogada enfatizó que el criterio judicial suele priorizar el derecho a la salud. Señaló que la Corte entiende que no hay motivos para que los problemas administrativos “tengan que ajustar a los administrados”, es decir, a los afiliados. En esa línea, sostuvo que el reclamo no es un capricho: se apoya en la urgencia médica y en el deber de cobertura del sistema.
También aportó un dato práctico sobre la cobertura al 100%. Dijo que la medicación al 100% aplica para determinados afiliados, especialmente quienes no superan “el haber mínimo y medio”. Pero agregó una puerta adicional: aun si cobran más, pueden pedir cobertura gratuita si demuestran que destinan “el 15%” de su haber a medicamentos, iniciando el trámite por vía de excepción ante PAMI. En términos concretos, Markarian plantea que hay dos caminos: el administrativo (excepción y pedidos formales) y el judicial (amparo y cautelar) cuando el tiempo apremia. Su recomendación implícita es no esperar si hay riesgo en la continuidad del tratamiento, porque la vía cautelar existe justamente para emergencias. El punto central, insistió, es que el sistema debe resolver rápido porque “no admiten demora alguna”.
La abogada también se refirió al frente de prestadores y pagos pendientes. Dijo que se hablaba de un adelanto de fondos, pero “por el momento” no se produjo y “todavía no hubo resolución”, incluso con medidas de fuerza. Recordó que la deuda sería “de más de 500.000 millones” y que al menos un adelanto permitiría sostener stock en farmacias y evitar que el afiliado “recorra el barrio” buscando medicación.
Respecto del paro de médicos, Markarian aportó un dato de remuneración y otro de preocupación sanitaria. Señaló que se reclamaba por pagos bajos, mencionando que se abonaban “2.100 pesos por cada afiliado que atendían”, pero también mencionó que se discutían medidas que podían afectar atención de pacientes con tratamientos costosos, como diabéticos. Su enfoque fue que, además del reclamo legítimo, había un riesgo de dejar gente sin atención sin comprender el cambio.
En paralelo, Markarian actualizó números previsionales y calendario de cobro. Dijo que en mayo, por feriados, el cronograma se corre: “no c