La Cámara de Casación ratificó por mayoría el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para cubrir la suma de casi $685.000 millones establecida en la causa Vialidad.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, confirmó este viernes por mayoría el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida busca cubrir los casi $685.000 millones que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que Kirchner cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria.
El fallo ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquella sentencia, lo que habilitó la ejecución de las penas, pero el decomiso quedó sujeto a apelaciones que llegaron hasta la Casación. Esta resolución era el último paso pendiente para ejecutar la condena.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron a favor de confirmar el decomiso en su totalidad, alineados con el dictamen del fiscal Mario Villar. Hornos sostuvo que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta”, sino que debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito. “La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, afirmó. Barroetaveña adhirió en todos sus términos.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky tuvo una interpretación parcialmente diferente. Consideró que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
La medida alcanza también a bienes de Lázaro Báez, principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, así como de su empresa Austral y otras firmas satélites. El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de forma solidaria por el monto actualizado venció el 13 de agosto del año pasado, pero las apelaciones de las defensas demoraron el proceso.
Las defensas de los condenados argumentaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito, y señalaron que el decomiso se estaba desnaturalizando hasta convertirse en una suerte de “multa encubierta”.