El Departamento de Justicia eliminó programas federales de asistencia legal para inmigrantes, afectando a organizaciones en Illinois y dejando a miles sin acceso a abogados en procesos de deportación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desmanteló programas federales de asistencia legal para inmigrantes y reasignó a los abogados que los administraban, lo que dejó a organizaciones en Illinois sin respaldo operativo. La medida afecta directamente a la población migrante.
Grupos de defensa de derechos civiles alertan que el cese de estos fondos elimina el acceso a abogados para personas de bajos ingresos que enfrentan procesos de deportación. Esta decisión administrativa se suma a una tendencia de recortes presupuestarios en la División de Justicia.
Datos del Council on Criminal Justice indican que el presupuesto para el año fiscal 2026 contempla una reducción de aproximadamente 850 millones de dólares en subvenciones del DOJ, lo que representa una disminución del 15% respecto al año anterior. Estas reducciones impactan programas de asistencia legal y servicios para víctimas, dejando a organizaciones locales sin los recursos necesarios para mantener su operación, según informó Chicago Sun-Times.
La eliminación del Programa de Orientación Legal (LOP) y de la Iniciativa de Asistencia para Niños no Acompañados genera consecuencias operativas en las cortes de inmigración. La ausencia de asesoría legal profesional no solo perjudica a los individuos, sino que ralentiza la resolución de casos. Análisis previos del propio DOJ demostraron que los inmigrantes con acceso a orientación legal resuelven sus procesos judiciales en promedio 12 días antes que aquellos que carecen de ella.
Según un análisis del DOJ citado por The Texas Tribune, estos programas ahorraban al gobierno federal más de 17,8 millones de dólares anuales al reducir los tiempos de detención y agilizar las audiencias. De acuerdo con la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, la desaparición de estos programas federales obliga a las organizaciones no gubernamentales a buscar financiamiento privado o estatal de emergencia para suplir las funciones que antes cubría el DOJ.
La situación en Chicago se agrava por el incremento de casos acumulados en los tribunales migratorios, que actualmente superan los 3,5 millones a nivel nacional. Organizaciones en Illinois, como American Gateways, sostienen que restringir el acceso a información legal para los detenidos obstaculiza el funcionamiento de un sistema que ya enfrenta una saturación histórica. Sin los fondos del DOJ, las clínicas legales gratuitas pierden su principal fuente de financiamiento para contratar intérpretes y abogados especializados.
Ante este escenario, el presupuesto federal de 2026 prioriza la expansión de capacidades de detención y operativos de remoción masiva sobre la asistencia legal. Documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirman la solicitud de fondos para 50.000 camas de detención y el incremento de recursos para vuelos de deportación. En cambio, las partidas destinadas a la defensa legal de poblaciones vulnerables sufren recortes o eliminaciones totales.