La propuesta de desregular el mercado inmobiliario genera opiniones divididas. Un martillero público sostiene que la apertura del sector podría reducir costos y ampliar el acceso a la vivienda, mientras que otros actores advierten sobre posibles riesgos.
La desregulación del mercado inmobiliario en Argentina continúa siendo un tema de debate. Para Jorge Casotti, martillero público, la medida representa una oportunidad para modernizar el sector y mejorar el acceso a la vivienda. “Yo le bajaría el tono combativo al tema, porque nadie está eliminando profesionales ni tampoco perjudicando a lo que ya existe”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo es fomentar la competencia.
Desde su mirada, el problema actual radica en la falta de apertura del sistema. “La idea justamente es abrir a la competencia para bajar costos y básicamente darle más accesibilidad a la vivienda”, explicó. Según Casotti, el esquema vigente presenta rasgos monopólicos que limitan tanto a los profesionales como a los usuarios.
El especialista consideró que la desregulación puede tener efectos positivos en términos económicos. “En términos económicos sería un paso importante en términos de competitividad y de opciones al cliente”, afirmó, comparando el proceso con otras industrias donde la apertura generó mayor variedad y mejores precios. En ese sentido, insistió en que ampliar la oferta beneficia directamente al consumidor: “Tener más opciones implica poder elegir”, señaló.
Para Casotti, este cambio permitiría reducir costos asociados tanto al alquiler como a la compra de propiedades. Además, cuestionó el origen del modelo actual, al que definió como restrictivo. “No hay países que exijan títulos universitarios para ejercer la actividad comercial inmobiliaria”, indicó, y explicó que las regulaciones locales limitaron la entrada de nuevos actores y modelos innovadores.
Casotti también apuntó contra los costos que hoy enfrenta el sector, los cuales terminan impactando en los precios finales. “Un inquilino tiene bajo su espalda toda una estructura de costos”, advirtió, destacando que parte significativa de esos gastos se vincula con regulaciones y aportes obligatorios. En detalle, explicó: “Los matriculados pagan el 10% de cada facturación a una caja”, además de afrontar elevados costos de matriculación y aportes anuales.
Según su visión, esto no solo afecta a los usuarios, sino también a los propios profesionales. “Los propios matriculados son los principales interesados en que esto tenga una idiosincrasia diferente”, afirmó, sugiriendo que el cambio podría beneficiar a todo el ecosistema inmobiliario. Finalmente, resumió su postura con una crítica directa al modelo vigente: “Los colegios son un gremio”, concluyó, planteando que la apertura del mercado permitiría mayor eficiencia, menor carga de costos y más dinamismo en el acceso a la vivienda.