Un análisis sobre la fuga de cerebros en Argentina y el impacto del ajuste en la universidad pública y la ciencia.
¿Por qué hay países ricos y países pobres? Esa pregunta guió el pensamiento económico y las ciencias sociales durante más de 250 años. Hoy, los expertos de la ONU tienen una respuesta: lo fundamental que distingue a un país rico de uno pobre no son sus recursos naturales, su cantidad de territorio o su poder militar. Todo eso importa, pero lo que realmente distingue el destino de un país son los conocimientos, la creatividad, la capacidad de trabajo e innovación de las personas que viven en él. Es decir, pesan más los cerebros de los habitantes que los barriles de petróleo a la hora de pensar qué tan rico es un país.
Esto explica por qué países como Japón o Corea del Sur, con escasos recursos naturales, son más ricos que Nigeria, llena de petróleo y gas. Argentina hoy es el sexto país con más estudiantes universitarios por cantidad de habitantes en el mundo y primero en cantidad de científicos por cada millón de habitantes en toda América Latina. Evidentemente, tenemos un potencial enorme y, si bien hay mucho por pensar y mejorar, ¿es correcto vaciar la universidad pública como hace este Gobierno y forzar una nueva fuga de cerebros?
Durante la década de los sesenta, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, las universidades fueron intervenidas y se vivió una brutal persecución a profesores, investigadores y estudiantes. El clima asfixiante generó lo que se conoció como fuga de cerebros. Gran parte de los argentinos con mayor formación tuvieron que exiliarse en el extranjero por persecución ideológica. César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984, suele aparecer como símbolo de la fuga de cerebros argentina, aunque técnicamente no se fue del país tras La Noche de los Bastones Largos de 1966. Sin embargo, su historia terminó funcionando como una metáfora perfecta: tras la represión ordenada por Onganía, cientos de docentes e investigadores renunciaron o emigraron, en lo que se considera una de las mayores fugas de cerebros de la historia argentina.
Ahora no hay una intervención directa sobre las universidades ni golpes de Estado. Hay un vaciamiento. Si se destruyen las condiciones de posibilidad de que existan docentes que cobren lo mínimo necesario para dar clases o investigar, se le quita toda posibilidad de funcionamiento a las universidades. Se vacían los bolsillos de los cerebros, para que dejen de formar nuevos cerebros y se terminen yendo al sector privado o fuera del país. Hoy un docente universitario cobra, según cargo y antigüedad, entre cinco mil y diez mil pesos por hora. Un científico del CONICET, entre seis mil y dieciséis mil. Los salarios varían según jerarquía, pero el panorama es parecido: después de años de formación, la paga muchas veces queda lejos de sectores privados que pueden triplicar o quintuplicar esos ingresos, sobre todo en tecnología, salud o ingeniería.
Formar durante más de diez años a un profesional o científico con recursos públicos para después empujarlo a emigrar porque acá no puede vivir de su trabajo es transferir riqueza a otros países. Dinero, sí. Pero sobre todo algo más valioso: capital humano. Ayer hubo una entrevista que Reynaldo Sietecase le realizó al decano de la Facultad de Exactas de la UBA. ¿Cuánto más se seguirá perdiendo si no se aplica la Ley de Financiamiento Universitario, si en dos años y medio se perdió un 20%? ¿Cuántos estudiantes menos hay por comisiones que se cierran por falta de docentes? La emigración de profesores universitarios al mundo privado reduce la capacidad del país para ofrecer educación a jóvenes que no pueden costearse una universidad.
El tema no es solo salarial, porque es evidente que, salvo los salarios de minería, energía y finanzas, todos los salarios en Argentina se han reducido durante la presidencia de Milei, sino el presupuesto operativo general de las universidades, sus instalaciones, equipos, acceso a tecnología y su propia infraestructura. El decano de Exactas recuerda que el costo de sostener la investigación no es relevante en términos fiscales. El Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre la universidad y la ciencia pública por una concepción política y filosófica.