El Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Oakland, California, desestimó la demanda presentada por Elon Musk contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, por considerar que fue presentada fuera del plazo legal.
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Oakland, California, concluyó uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia reciente de la tecnología: el enfrentamiento entre Elon Musk y Sam Altman por el control, la filosofía y el futuro de OpenAI.
Tras tres semanas de alegatos, el jurado decidió por unanimidad desestimar la demanda presentada por Musk, al considerar que el reclamo fue realizado fuera del plazo legal establecido por la ley de California. El límite para este tipo de litigios civiles relacionados con fraude, abuso de confianza y organizaciones benéficas es de tres años. La salida formal de Musk de OpenAI ocurrió en 2018, mientras que la demanda recién fue presentada en 2024.
OpenAI nació en 2015 como una organización sin fines de lucro creada para desarrollar inteligencia artificial segura y transparente. Sus fundadores fueron Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman. La misión inicial era clara: evitar que gigantes tecnológicos concentraran el desarrollo de la AGI y compartir avances científicos de forma abierta con el mundo. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los costos computacionales cambió el escenario. El desarrollo de modelos avanzados requería miles de millones de dólares en infraestructura, energía y centros de datos, algo imposible de sostener únicamente mediante donaciones.
Durante el juicio quedó expuesto que Musk consideraba que OpenAI había roto el “acuerdo fundacional” al abandonar su naturaleza filantrópica y transformarse en una empresa orientada al lucro privado. El empresario solicitó una indemnización de 134 mil millones de dólares, que OpenAI vuelva a ser una organización sin fines de lucro y la salida de Sam Altman como director ejecutivo.
Por su parte, OpenAI argumentó que nunca existió una obligación legal que impidiera modificar la estructura corporativa y calificó la demanda como un movimiento competitivo impulsado por el avance de xAI, el laboratorio de IA fundado por Musk. El proceso reveló correos internos donde Musk advertía en 2017 que no seguiría financiando OpenAI si la organización abandonaba su carácter sin fines de lucro. Según documentos presentados, Musk afirmó que no quería convertirse en “un tonto financiando la futura startup de otros”.
La relación entre los socios fundadores comenzó a deteriorarse cuando la dirección técnica, encabezada por Brockman y Sutskever, concluyó que el desarrollo de AGI necesitaría inversiones masivas imposibles de sostener mediante filantropía. Musk propuso entonces que OpenAI fuera absorbida por Tesla o que él asumiera el control total como CEO y accionista mayoritario. Su argumento era que Tesla podía competir directamente con Google en la carrera por la inteligencia artificial. La propuesta fue rechazada por Altman, Brockman y Sutskever, quienes consideraban que concentrar el poder en una sola persona atentaba contra la misión original del proyecto.
La salida de Musk del consejo directivo en febrero de 2018 fue presentada públicamente como una forma de evitar conflictos de interés con el sistema Autopilot de Tesla. Sin embargo, el juicio confirmó que se trató de una ruptura profundamente conflictiva.
Tras la salida de Musk, OpenAI creó en 2019 una subsidiaria de beneficio limitado denominada OpenAI LP, estructura que permitió atraer inversiones privadas manteniendo un control parcial bajo la organización original. Esa reestructuración abrió las puertas a Microsoft, que realizó una inversión inicial de mil millones de dólares. Musk sostuvo que la empresa utilizó el prestigio construido como organización benéfica para convertirse posteriormente en una corporación valuada en 852 mil millones de dólares, dominada por intereses comerciales y asociada estratégicamente con Microsoft.
Otro eje central del proceso fue la definición misma de AGI: si modelos como GPT-4 e investigaciones internas como Q* ya podrían considerarse Inteligencia Artificial General. Esto tendría consecuencias enormes: el acuerdo original entre Microsoft y OpenAI establecía que los derechos comerciales exclusivos de Microsoft aplicaban únicamente a tecnologías “pre-AGI”. Si un tribunal reconociera oficialmente que OpenAI alcanzó AGI, Microsoft podría perder legalmente parte de sus derechos exclusivos sobre la tecnología. Sin embargo, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers limitó el debate técnico y centró el proceso en cuestiones contractuales y de gobernanza corporativa.