Un incremento del 39% en las empresas que pagan la cuota de monetización al Sena coincide con una reducción en los contratos de aprendizaje, según datos oficiales y de asociaciones empresariales.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado cambios en el mercado laboral colombiano. Según datos citados por El Tiempo, 8.048 empresas pagaron la cuota de monetización al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante 2025, un incremento del 39% frente a las 5.796 compañías que realizaron este pago en 2024. Con corte al 30 de abril de 2026, ya se registraban 5.243 empresas que optaron por esta modalidad.
La legislación establece que toda empresa con más de 15 trabajadores debe vincular aprendices en una proporción mínima de uno por cada 20 empleados. Cuando la compañía no cumple esta cuota, puede pagar una compensación económica al Sena, conocida como cuota de monetización. Tras los cambios introducidos por la reforma laboral aprobada en 2025, para muchas empresas resulta más económico asumir la multa que contratar aprendices, especialmente en las pequeñas y medianas organizaciones.
Los recursos obtenidos por este mecanismo también reflejan el crecimiento de esta tendencia. En 2024 el Sena recaudó 263.430 millones de pesos por concepto de monetización; en 2025 la cifra ascendió a 440.737 millones de pesos, un incremento del 67%. A abril de 2026, el recaudo alcanzaba los 296.031 millones de pesos.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma fue el fortalecimiento de los derechos de los aprendices mediante la transformación del contrato de aprendizaje. La nueva normativa determinó que las empresas que incumplan la cuota deberán pagar al Sena 1,5 salarios mínimos mensuales por cada aprendiz no contratado, cuando anteriormente el valor correspondía a un salario mínimo. Con el salario mínimo vigente para 2026, la sanción ronda los 2,6 millones de pesos mensuales por cada cupo no cubierto.
Paralelamente, la reforma otorgó carácter laboral al contrato de aprendizaje. Antes de la reforma, durante la etapa lectiva un aprendiz recibía el equivalente al 50% del salario mínimo y durante la etapa práctica el 75%, con afiliación a salud y riesgos laborales. Ahora, los aprendices reciben el 75% del salario mínimo en la fase lectiva y el 100% durante la etapa productiva. Las empresas deben asumir aportes a salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones sociales.
De acuerdo con cálculos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el costo total de un aprendiz puede alcanzar aproximadamente 3,2 millones de pesos mensuales, al incluir vacaciones, primas, cesantías, aportes a pensión y otros costos laborales. Esa cifra supera los cerca de 2,6 millones de pesos que representa la monetización.
Los efectos también se reflejan en el número de contratos firmados. Según cifras del Sena, los contratos de aprendizaje pasaron de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2026. Según el Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Seccional Atlántico, durante el segundo trimestre de 2025 el 4% de las empresas consultadas tenía contratos de aprendizaje; para el cuarto trimestre de ese mismo año, la proporción cayó al 2,4%. Además, entre las compañías que mantienen aprendices, el 23% reporta contar únicamente con entre uno y cuatro jóvenes vinculados bajo esta figura.
La directora del Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, explicó que la disminución responde tanto al aumento de los costos laborales como a los requerimientos operativos que implica formar aprendices. Las empresas deben destinar personal para acompañar y supervisar el proceso formativo, además de asumir las nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral. En ese contexto, muchas mipymes terminan destinando esos recursos a la contratación de trabajadores con experiencia.
La directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Juliana Morad, señaló que la diferencia económica entre monetizar y contratar se redujo considerablemente. A su juicio, pagar la cuota permite a las empresas evitar la administración de la relación laboral, la supervisión del aprendiz y eventuales procesos de fiscalización. “El riesgo es que para una compañía, sin una necesidad real de formación, pagar la cuota se vuelva la opción limpia y previsible: un costo que se asume para no contratar”, afirmó. La experta alertó que esta situación podría afectar el objetivo central de la reforma laboral: facilitar la inserción laboral de los jóvenes colombianos mediante experiencias de formación práctica dentro de las empresas.