Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron reparos en la Cámara de Diputados respecto de los alcances que tendría la ley de lobby si se mantuviese la redacción enviada por el Poder Ejecutivo.
Buenos Aires, 10 junio (NA) — Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron en la Cámara de Diputados reparos respecto de los alcances que tendría la ley de lobby en el caso de que se mantuviese la redacción tal cual llegó del Poder Ejecutivo.
Con la iniciativa para regular el lobby, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
El primer orador fue el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, quien consideró que «el proyecto tiene que precisar algunas definiciones, entre ellas las de gestor, gestión de intereses y beneficiario final». Además señaló que «debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación». «Sería necesario aclarar cómo operan las reglas de compatibilidad en estos casos, evitando que situaciones particulares de algún miembro de una entidad condicionen la adecuada representación de los intereses de la misma», subrayó. Para Díaz, «se deben limitar actividades que no deben considerarse gestión de intereses, por ejemplo, las transacciones habituales con el Estado, o las respuestas a consultas o requerimientos de información a organismos públicos». A su vez, indicó que «resulta conveniente precisar el alcance de las disposiciones referidas a los intereses extranjeros».
La presidenta del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García, admitió que «la regulación del lobby es necesaria» y que «la Argentina mantiene una deuda pendiente en esta materia». «Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto presenta deficiencias estructurales graves», afirmó. Según dijo, «el primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses contenida en el artículo 2», cuya «redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir sobre una decisión pública». «No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales», ejemplificó. Para García, esta falta de segmentación «constituye una forma de criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades».
La directora ejecutiva de Directorio Legislativo, María Berón, coincidió en que el proyecto tiene un problema de falta de «taxatividad» en las definiciones conceptuales. También cuestionó el hecho de que la norma designe como autoridad de aplicación a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). «Esta autoridad de aplicación no tiene autonomía ni funcional ni financiera, y ese es el principal problema que tiene este proyecto», apuntó.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, preguntó «si esta es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las asociaciones de la sociedad civil y de los legisladores». «Indudablemente, la influencia de los grandes intereses económicos sobre las decisiones públicas es un problema real y hay que trabajarlo. Es un problema documentado que corroe la confianza de las instituciones. Pero este proyecto en particular mete en una misma bolsa al que se reúne con un funcionario para pedirle que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública, por ejemplo», sostuvo. También cuestionó que «mete en el mismo lugar al que presiona por su sector con al que impulsa la transparencia, los derechos humanos y la protección del ambiente». «Esa confusión no es un detalle técnico, es básicamente el corazón del problema. Esta ley, a nuestro entender, está mal diseñada o quizás algo peor: busca el control estatal sobre la sociedad civil y, muy especialmente, sobre los legisladores», alertó.
María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, consideró que «tal como está redactado este proyecto resulta inconstitucional e inconvencional, porque viola la igualdad ante la ley». «Es peligroso, inviable y confuso», afirmó.
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones. Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva. Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.