La Audiencia Provincial de Badajoz declaró concluso para sentencia el juicio que investiga si la Diputación de Badajoz creó y adaptó puestos públicos para beneficiar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, y a personas de su entorno.
La Audiencia Provincial de Badajoz declaró este martes, 9 de junio, concluso para sentencia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. El proceso judicial, iniciado en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, investiga si la Diputación de Badajoz creó y adaptó puestos públicos para beneficiar a Sánchez y a personas de su entorno.
Durante dos semanas, el tribunal escuchó a más de cuarenta testigos, las declaraciones de los acusados y la intervención de siete acusaciones populares: PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa. También participó la Fiscalía.
Las acusaciones sostienen que la plaza de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música», ocupada por Sánchez desde 2017 hasta su renuncia voluntaria en 2025, fue diseñada específicamente para él. Señalan que el puesto se adaptó para que pudiera compatibilizarlo con otras actividades externas y que no existía una necesidad funcional clara. Agregan que la plaza de «jefe de actividades transfronterizas», otorgada a Luis Carrero, amigo de Sánchez, también se creó para favorecerlo.
Como prueba, las acusaciones presentaron correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil. En uno de ellos, Sánchez consulta a familiares sobre cómo compaginar su puesto con otras actividades. Una funcionaria advierte: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección». Sánchez responde: «Desde mi punto de vista, dicha situación es incompatible a todas luces».
Las defensas sostienen que las consultas sobre compatibilidad son habituales y que las respuestas recibidas muestran que no era posible sortear la ley. Argumentan que no hay ninguna maniobra irregular en pedir información sobre las condiciones laborales y que los correos demuestran transparencia y voluntad de cumplir la normativa.
La Fiscalía respalda la versión de la defensa. Sostiene que los expedientes fueron revisados sin objeciones por el secretario general y el interventor de la Diputación, ambos funcionarios habilitados nacionales, y señala que no se presentaron recursos ni alegaciones por parte de ningún partido ni de los candidatos. Para la fiscal, la acusación se basa en conjeturas y rumores, por lo que solicita la absolución de todos los acusados.
Varios acusados hicieron uso de su turno de última palabra para defender su inocencia. Sánchez rechazó ese derecho con un «no voy a decir nada». El juez José Antonio Patrocinio declaró el juicio concluso para sentencia.