El proceso de extradición de José Medina Ladera, requerido por la justicia chilena por dos femicidios, permanece estancado debido al cierre de embajadas entre Chile y Venezuela. El tribunal de La Serena solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores para destrabar el caso.
El Juzgado de Garantía de La Serena, ubicado a 470 kilómetros al norte de Santiago, realizó la semana pasada una audiencia de autorización de diligencias para determinar los avances en la extradición desde Venezuela de José Medina Ladera (50), detenido hace más de un año en ese país. Medina es requerido por su responsabilidad en los femicidios de María José Zambra (2019) y Ana María Pizarro (2025).
El proceso se encuentra estancado debido al quiebre de las relaciones diplomáticas y el cierre de embajadas y consulados en ambos países durante la administración de Gabriel Boric. Por ello, el fiscal Eduardo Yáñez ofició al tribunal para que solicite “información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estado de avance de la extradición”.
Ana María Araya, abogada de la familia de Ana María Pizarro, explicó que la diligencia busca recabar “información respecto de cuál ha sido la gestión que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya desarrollado a este respecto. Como parte querellante hemos desarrollado diligencias particulares en Venezuela que han permitido constatar la privación de libertad del imputado, sin perjuicio de que la información oficial debe obtenerse por los conductos diplomáticos”.
El 3 de abril de 2025, Ana María Pizarro (56) salió de su hogar para reunirse con su ex empleador en el centro de La Serena, pero nunca llegó a la cita. Dieciséis días después, su cuerpo desmembrado fue hallado a la vera de la Ruta 5, en el sector Cuatro Esquinas. El registro de llamadas de su celular indicó que se había dirigido a la casa de su ex pareja, José Medina Ladera, de nacionalidad venezolana con residencia legal en Chile. Pizarro mantenía una relación con Medina desde 2022, la cual su familia no aprobaba debido a que el hombre le pedía dinero constantemente.
Durante la investigación, los detectives relacionaron este crimen con otro similar ocurrido en 2019, cuando el cuerpo de María José Zambra (35) apareció descuartizado bajo un puente en La Serena, el 18 de octubre, día del estallido social en Chile. Zambra murió por estrangulamiento manual y golpes con un objeto contundente antes de ser desmembrada. En ese momento, las sospechas recayeron sobre Medina cuando el chip del teléfono de Zambra fue reactivado en un celular de Ana María Pizarro. Sin embargo, al ser interrogado, Medina mostró el dispositivo y la investigación no avanzó.
Tras el asesinato de Ana María Pizarro, las sospechas se centraron nuevamente en Medina. Diez días después del crimen, fue interrogado como testigo y negó haber visto a la víctima. Las cámaras de seguridad y el registro de llamadas mostraron cuatro llamadas entrantes y una de salida entre Pizarro y Medina el día de su desaparición. Las coordenadas de la última llamada indicaban que Pizarro se encontraba cerca de la casa de Medina.
El 22 de abril, una vecina declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) que, el día después de la desaparición de Pizarro, vio a Medina sacar un cuerpo al patio de su casa y desmembrarlo con un cuchillo y una sierra eléctrica. La mujer afirmó que Medina la amenazó con matarla si hablaba. Las pericias indicaron que Pizarro fue golpeada en la cara y cabeza entre las 13:40 y las 19:00 horas del 3 de abril, y luego asesinada con un cuchillo. Al día siguiente, Medina desmembró el cuerpo y arrojó los restos en cinco bolsas en la vereda norte de calle Cuatro Esquinas.
El 3 de mayo de 2025, Medina fue detenido en la ciudad venezolana de Carabobo, en un operativo conjunto entre Interpol, la PDI y la policía local. Una semana después, el Juzgado de Garantía de La Serena formalizó a Medina en ausencia por homicidio calificado y femicidio íntimo de ambas mujeres. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de La Serena aprobó por unanimidad la solicitud de extradición desde Venezuela, basándose en el tratado de extradición firmado entre Chile y Venezuela en 1964, al considerar que “se cumplen todos los requisitos legales”. A más de un año de la solicitud, el caso sigue sin resolverse.