Roberto José Fuentes fue imputado por homicidio agravado por violencia de género y se le dictó prisión preventiva por seis meses. Había recuperado la libertad el 3 de abril tras cumplir una condena por abuso sexual.
Roberto José Fuentes, el hombre acusado por el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte en Tucumán, fue imputado este lunes por homicidio agravado por mediar violencia de género y le dictaron prisión preventiva por seis meses. La fiscalía sostiene que golpeó y estranguló a la mujer de 41 años y luego intentó incendiar el auto donde dejó el cuerpo para ocultar el crimen.
El dato que surgió tras la audiencia es que Fuentes había recuperado la libertad el pasado 3 de abril, luego de cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual dictada en 2021, según publicó La Gaceta. Poco más de dos meses después de salir de la cárcel, volvió a quedar detenido, ahora acusado de matar a una mujer.
La detención se produjo durante el fin de semana luego de que los investigadores analizaran cámaras de seguridad que registraron a un hombre saliendo del Fiat Palio bordó donde posteriormente fue hallada la víctima. Según fuentes judiciales, esas imágenes fueron determinantes para identificar al sospechoso y avanzar con su captura.
La medida cautelar fue dispuesta durante una audiencia encabezada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, quien solicitó la convalidación de la aprehensión, la formalización de la investigación y la imposición de medidas de coerción contra el acusado.
Durante la audiencia, la fiscalía imputó a Fuentes como autor del femicidio y requirió que permaneciera detenido durante seis meses al considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma”, sostuvo Maggio al fundamentar el pedido.
Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar a los planteos de la acusación pública y ordenó la prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cerca de la 1, en el interior de un Fiat Palio bordó estacionado sobre la calle Francia al 1160, en la zona este de San Miguel de Tucumán.
Según la hipótesis de los investigadores, Fuentes se encontraba junto a Lazarte en el asiento trasero del vehículo cuando la atacó golpeándola reiteradamente en el rostro y en la cabeza con un elemento que le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.
“Valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por Lazarte en razón de su vulnerabilidad como mujer”, sostuvo la fiscalía, el acusado le provocó cortes en la mejilla izquierda y en el glúteo derecho.
Luego, siempre según la reconstrucción fiscal, tomó un lazo con el que rodeó el cuello de la víctima y la estranguló hasta causarle la muerte. La autopsia determinó que Lazarte falleció por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.
La fiscalía sostuvo además que, una vez consumado el crimen, Fuentes intentó incendiar el automóvil para eliminar evidencias y asegurar su impunidad. Sin embargo, vecinos de la zona advirtieron la presencia de fuego y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.
La rápida intervención policial permitió sofocar las llamas y descubrir el cuerpo de la mujer dentro del vehículo. Posteriormente, las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad permitieron orientar la investigación hacia el ahora imputado.
Lazarte, conocida por sus allegados como “Piba”, tenía 41 años y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Según trascendió, vivía en la calle desde los 15 años y era madre de cuatro hijos con edades que iban de los cinco a los diecinueve años. Sin embargo, por la situación en la que se encontraba la mujer, todos fueron institucionalizados. Sus identidades permanecen bajo reserva por tratarse, en su mayoría, de menores de edad.