La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales expresó su preocupación por el Decreto 0603 de 2026, que suspende operaciones ofensivas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y pidió mecanismos claros de seguimiento y coordinación con las autoridades locales.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por el Decreto 0603 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional ordenó la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de Policía contra integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una estructura disidente de las Farc que participa en conversaciones de paz con el Ejecutivo.
A través de un pronunciamiento público, la entidad advirtió que las decisiones relacionadas con la seguridad territorial deben estar acompañadas de mecanismos claros de seguimiento y coordinación con las autoridades locales, debido al impacto que pueden tener sobre las regiones y las principales ciudades del país.
En su declaración, Asocapitales señaló que las ciudades capitales continúan enfrentando de manera directa fenómenos asociados al conflicto armado y a las economías ilegales, como la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.
Por esa razón, la organización consideró necesario que las medidas adoptadas en el marco de los procesos de paz incluyan criterios claros de implementación, mecanismos efectivos de verificación y una articulación permanente con los gobiernos territoriales.
“Desde Asocapitales expresamos nuestra preocupación por el Decreto 0603 de 2026, que suspende operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y establece una zona de ubicación temporal en Putumayo”, indicó la asociación.
La entidad agregó que la construcción de paz requiere condiciones de legitimidad y confianza institucional, así como garantías para la ciudadanía y las autoridades encargadas de la seguridad en los territorios.
La reacción de Asocapitales se produce después de que el Gobierno expidiera el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La norma dispone la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de Policía contra integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el propósito de facilitar su desplazamiento hacia una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT), ubicada en zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo.
De acuerdo con el decreto, la medida entró en vigor el 14 de junio y se extenderá hasta el 19 de junio de 2026. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares y la Policía deberán abstenerse de adelantar acciones ofensivas contra los integrantes de la estructura armada incluidos en los listados reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El documento establece que la suspensión solo será aplicable en los corredores y rutas definidos para el traslado de los integrantes del grupo armado hacia la zona temporal. Asimismo, dispone que la información relacionada con dichos desplazamientos tendrá carácter reservado por razones de seguridad.
Según el Gobierno, la creación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal busca facilitar el tránsito de los integrantes de la organización hacia la vida civil y contribuir al desarrollo de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogos.
El decreto señala que este espacio permitirá avanzar en procesos de reincorporación y en iniciativas orientadas a la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales y sostenibles en la región.
No obstante, el Ejecutivo precisó que la medida no implica la creación de una zona de despeje ni limita las funciones constitucionales de la Fuerza Pública, que continuará ejerciendo sus competencias en materia de seguridad y control territorial.
Como parte de la implementación de la medida, el Gobierno creó un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) conformado por representantes del Ejecutivo, delegados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).
La instancia tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de los acuerdos, hacer seguimiento a posibles incidentes y tramitar las controversias que puedan surgir durante el traslado y permanencia de los integrantes de la organización en la zona temporal.
Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometió a no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante las fases de desplazamiento, preagrupamiento y llegada a la zona autorizada.
El proceso también contará con el acompañamiento de un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Putumayo, desde donde se coordinará el seguimiento institucional a las distintas etapas previstas en el decreto.