La expresidenta cumple desde junio de 2024 una condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El Estado no ha recuperado aún ninguno de los 111 bienes muebles e inmuebles sujetos a decomiso, cuyo valor se estima en 685.000 millones de pesos.
Ha transcurrido un año desde que Cristina Kirchner comenzó a cumplir una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta por la Justicia por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad. Durante este período, el Estado no ha recuperado ninguno de los bienes sujetos a decomiso.
El proceso de ejecución patrimonial abarca 111 bienes muebles e inmuebles, incluidos aquellos transferidos a Máximo y Florencia Kirchner en 2016. La defensa de la expresidenta ha presentado una serie de recursos y apelaciones que han retrasado el avance de la medida, según consta en el expediente judicial.
El 10 de junio de 2024, Cristina Kirchner comenzó a cumplir prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera vez que una expresidenta argentina cumple una pena de prisión por delitos de corrupción. El monto del perjuicio económico fue calculado en 685.000 millones de pesos, vinculado a licitaciones irregulares y sobreprecios en la obra pública que beneficiaron al empresario Lázaro Báez.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que los bienes mencionados son alcanzables por la medida de decomiso y rechazó los planteos extraordinarios de las defensas. Sin embargo, una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene el proceso en suspenso, a la espera de una decisión del máximo tribunal.
Paralelamente, Cristina Kirchner solicitó la flexibilización de las condiciones de su arresto domiciliario, incluyendo la remoción de la tobillera electrónica, la ampliación del régimen de visitas y la reducción de otras restricciones. El tribunal rechazó estas solicitudes y ratificó las condiciones vigentes, que incluyen espacios y horarios para actividades recreativas en la terraza del edificio, así como un régimen de ingresos libre para familiares directos, médicos, abogados y custodios. El resto de las visitas continúa sujeto a autorización judicial.
El tribunal oral federal que condenó a la expresidenta advirtió que, de persistir las concentraciones de sus seguidores frente al edificio donde reside, se podría revocar la prisión domiciliaria y ordenar su traslado a una cárcel común. Como consecuencia de esta advertencia, fueron suspendidos algunos actos programados por sus simpatizantes.
El dirigente político Miguel Ángel Pichetto propuso desde el Congreso impulsar una iniciativa para anular la condena. Esta propuesta no cuenta con antecedentes ni sustento jurídico, según señalaron fuentes judiciales, y supone un cuestionamiento al principio de división de poderes.