El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó al expresidente Álvaro Uribe a presentarse de manera conjunta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Fiscalía.
El presidente Gustavo Petro convocó este viernes 19 de junio desde Cali al expresidente Álvaro Uribe a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras conocerse la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Fiscalía.
En su discurso en plaza pública, el jefe de Estado planteó una presentación conjunta y afirmó: “Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”.
La intervención ocurrió después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara en la noche del jueves 18 de junio de 2026 que abrió un proceso y citará a Uribe a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia.
Petro vinculó su invitación a la necesidad de esclarecer señalamientos sobre ambos relacionados con crímenes de lesa humanidad y otros delitos, por los que han sido acusados por décadas, y sostuvo que su propuesta no pasa por la confrontación personal. “No me atrevo a insultarlo y muchísimo menos me atrevería a decir en ninguna parte que una parte de la sociedad deba ser destripada”.
Delitos por los que la Fiscalía investigará al expresidente
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez y lo citará a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia, una decisión que también abarca su posible relación con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El proceso quedó en manos de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía Cubillos, y se apoya en un caso que la Corte Suprema declaró crimen de lesa humanidad el 30 de mayo de 2018, por lo que es imprescriptible.
La decisión judicial incorpora uno de los datos más graves del expediente: los ataques contra la población civil de Ituango dejaron 21 muertos, con cinco víctimas en la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996, y 16 en la de El Aro, cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. En este último caso también hubo secuestro de 17 personas, incendio de la mayoría de las viviendas, hurto de ganado y desplazamiento forzado de los habitantes del corregimiento.
El auto de la fiscal Abadía Cubillos señala que los delitos por los que sería vinculado el exmandatario son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. La citación busca que rinda testimonio sobre las dos masacres, el asesinato de Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998, y la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se habría gestado en la Hacienda Las Guacharacas.
La Fiscalía reabrió un expediente que se originó en 2000
La investigación previa había sido abierta el 16 de mayo de 2000 por hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Ese mismo año, el 28 de diciembre, un fiscal delegado ante la Corte se inhibió de iniciar instrucción formal.
La determinación cambió el 2 de enero de 2013, cuando la fiscalía sexta delegada ante la Corte revocó esa resolución inhibitoria. El argumento fue una comunicación recibida el 7 de septiembre de 2011 con declaraciones de miembros de grupos paramilitares que señalaban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez por la conformación de un grupo con centro de operaciones en la hacienda mencionada.
En el documento de ocho páginas con el que justificó la reapertura, la fiscal sostuvo que, de acuerdo con las pruebas reunidas en la fase previa, “presuntamente, existió un nexo entre el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro”. Añadió además que “al parecer el aquí investigado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización” ilegal.
En el mismo apartado, la funcionaria indicó de forma preliminar que “se puede inferir que Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal”. A partir de esa inferencia, la conducta lo haría responsable del delito de concierto para delinquir agravado, en paralelo con los señalamientos que pesan sobre su hermano por la conformación de “Los doce apóstoles”.