La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que autoriza al Gobierno a ejecutar los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge y Attestor, por un total de 171 millones de dólares. El país cierra así el último capítulo del default soberano declarado el 23 de diciembre de 2001.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles 24 de junio de 2026 el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar los acuerdos de conciliación con los dos últimos grupos de holdouts que mantenían litigios activos contra el país por la cesación de pagos declarada el 23 de diciembre de 2001. El monto total acordado asciende a 171 millones de dólares, de los cuales 67 millones corresponden al fondo Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según informó el oficialismo durante el debate parlamentario, ese monto representa una reducción de aproximadamente el 30% respecto de las pretensiones originales de los demandantes.
El default de 2001, el mayor registrado hasta ese momento a nivel mundial, alcanzó unos 100.000 millones de dólares en títulos públicos. En los años siguientes, el gobierno de Néstor Kirchner lanzó en 2005 una reestructuración de deuda que obtuvo una adhesión cercana al 76% de los acreedores. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, un segundo canje en 2010 elevó la aceptación hasta aproximadamente el 93% del total de la deuda en cesación de pagos. Un grupo minoritario de acreedores, conocidos como holdouts, optó por no ingresar en esos canjes y litigó en los tribunales de Nueva York, donde los bonos habían sido emitidos bajo legislación estadounidense.
El juez Thomas Griesa, del Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los demandantes en febrero de 2012, interpretando la cláusula pari passu como garantía de igualdad de trato entre acreedores. La Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó el fallo en agosto de 2013, y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tratar el caso en junio de 2014, dejando firme la sentencia. En febrero de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno anunció un acuerdo con los cuatro fondos principales —NML Capital (Elliott Management), Dart, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital— por 4.653 millones de dólares en efectivo, equivalentes al 75% del monto reconocido en las sentencias judiciales.
Los acuerdos con Bainbridge y Attestor, ahora convalidados por el Congreso, representan el cierre de los últimos litigios activos vinculados al default de 2001. Según fuentes oficiales, el pago se ejecutará durante la próxima semana. El proceso total, desde la declaración de cesación de pagos hasta la aprobación legislativa de estos acuerdos, abarcó 24 años, 6 meses y 1 día.