La iniciativa 21st Century ROAD to Housing Act busca aumentar la oferta habitacional, limitar compras de grandes inversores y promover viviendas manufacturadas. Queda pendiente la firma presidencial.
El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete legislativo orientado a abordar la crisis de asequibilidad habitacional. La iniciativa, denominada 21st Century ROAD to Housing Act, quedó pendiente de la firma del presidente Donald Trump, quien canceló el acto de firma previsto para el miércoles 24 de junio.
El proyecto de ley recibió respaldo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Su objetivo central es aumentar la oferta de viviendas y eliminar obstáculos regulatorios que, según los legisladores, limitaron la construcción en años recientes.
Según NPR, una familia necesita ingresos anuales cercanos a los 117.000 dólares para comprar una vivienda promedio en el mercado estadounidense, cifra que supera en casi 30.000 dólares el ingreso medio de los hogares del país.
Entre los factores que complicaron el panorama habitacional se encuentran: la construcción rezagada desde la crisis financiera de 2008, tasas hipotecarias cercanas al 6,5%, inflación que redujo el poder adquisitivo y una demanda que supera la oferta disponible.
La nueva norma impedirá que empresas que ya posean 350 o más viviendas unifamiliares puedan adquirir nuevas propiedades, según informó CNN. Esta disposición fue incorporada tras una orden ejecutiva firmada por Trump en enero para evitar que grandes inversores compitan con compradores tradicionales. Especialistas consultados por CNN señalaron que esos inversores representan aproximadamente el 3% del mercado nacional de alquiler de viviendas unifamiliares.
El proyecto también impulsa las viviendas manufacturadas, fabricadas en plantas industriales y trasladadas a su ubicación definitiva. Hasta ahora, la ley federal exigía que fueran construidas sobre un chasis permanente con ruedas. La nueva legislación elimina esa obligación y facilita el acceso a créditos para viviendas modulares.
Además, se incorporan incentivos económicos para comunidades que flexibilicen regulaciones urbanísticas y aceleren el desarrollo habitacional. Los gobiernos locales podrán acceder a fondos adicionales para infraestructura como escuelas, plantas de tratamiento de aguas residuales y proyectos habitacionales. La ley también financiaría la elaboración de diseños de viviendas previamente aprobados para agilizar permisos de construcción.
La legislación contempla un programa piloto de subvenciones y préstamos condonables para reparaciones estructurales y eliminación de riesgos para la salud en viviendas existentes. También facilitará la transformación de edificios de oficinas vacíos en complejos de departamentos, en respuesta a los cambios generados por el trabajo remoto e híbrido.