El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un endurecimiento en el esquema de sanciones viales para conductores que falsifiquen o utilicen permisos de discapacidad irregulares. La medida incluye suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y posible apertura de causas judiciales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un endurecimiento en el esquema de sanciones viales para los conductores que falsifiquen, adulteren o utilicen cartelería irregular con el objetivo de reservar espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad. La medida administrativa estipula la suspensión inmediata de la licencia de conducir del infractor, la aplicación de multas económicas y la apertura de causas judiciales en el fuero penal.
La normativa quedó ratificada a través de un decreto firmado por Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. El documento oficial concede un período de 20 días para que los usuarios regularicen la situación de sus permisos, reservas domiciliarias y señalizaciones antes de la entrada en vigencia del nuevo protocolo de penalidades.
El mecanismo de sanción se activará de forma automática en aquellos casos donde se compruebe la exhibición de permisos falsos, credenciales modificadas o documentación vencida para ocupar los lugares reservados. La penalización de quitar la habilitación para manejar alcanzará a las personas que fabriquen o coloquen carteles de señalización antirreglamentarios sin la debida aprobación estatal.
“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos”, declaró el mandatario capitalino al fundamentar el alcance de la reforma. El titular del Ejecutivo local subrayó que los conductores que violen la norma deberán asumir la quita de su registro, el pago de la infracción y el costo operativo del retiro de la estructura metálica ilegal.
El área de control del gabinete porteño justificó la urgencia de la medida con estadísticas de fiscalización territorial recopiladas durante el corriente año. De acuerdo con el relevamiento oficial del GCBA, las cuadrillas municipales retiraron más de 400 carteles de estacionamiento irregulares en las distintas comunas. Entre las anomalías detectadas se constataron permisos adulterados, autorizaciones con plazos de vigencia caducados y reservas cuyos titulares originales habían fallecido.
Una vez concluido el plazo de notificación de 20 días, la Secretaría de Tránsito iniciará auditorías de oficio en las calles de la Capital Federal. Los agentes procederán al desmantelamiento de la cartelería en infracción y remitirán las actuaciones a la Justicia si se constata un delito de falsificación de documento público.
El nuevo cuadro tarifario de penalizaciones económicas estipula una multa de hasta 200.000 pesos para quienes expongan certificados de discapacidad apócrifos. El infractor tendrá la obligación de financiar los gastos de remoción del cartel y las tareas de restitución del cordón de la vereda a su estado original.
La normativa también incluyó un apartado para los casos de vandalismo o afectación del mobiliario urbano. Fija multas de hasta 100.000 pesos para quienes instalen señales viales sin autorización o modifiquen la señalización oficial colocada por las autoridades.
Con esta reestructuración del Código de Tránsito, la administración de Jorge Macri busca desalentar el uso de franquicias sociales y garantizar la accesibilidad urbana. El entrecruzamiento de datos entre el registro de conductores y los padrones de salud será clave para operativizar los controles y agilizar la suspensión de licencias a los infractores.