El país cuenta con recursos en alimentos, energía y minería que podrían impulsar el crecimiento, aunque persisten cuestionamientos sobre la apertura económica y el impacto en las pymes.
Al evaluarse los resultados del comercio exterior y las perspectivas para la Argentina, surgen críticas respecto a las implicancias de la nueva matriz productiva. Se cuestiona el advenimiento de un país dividido entre actividades primarias —minería, hidrocarburos, agro— que atraen grandes inversiones y el rezago de las pymes.
Según se informó, la causa de esa división es anterior a 2023. Fue gestada durante décadas de proteccionismo, ruptura de contratos y destrucción de la moneda. Cuando Chevron comenzó a desarrollar Vaca Muerta en 2013, celebró un acuerdo con cláusulas secretas que ocultaban una estructura financiera offshore para evitar el riesgo argentino. Ninguna otra petrolera internacional se animó a hacerlo. Actualmente, se presentó un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para ingresar, sin esos subterfugios, 13.800 millones de dólares destinados al bloque El Trapial en Neuquén.
En cuanto a la minería, por falta de seguridad jurídica no fue desarrollada. En 1998, la AFIP pretendió cobrar impuestos sobre dividendos y en 2008 se aplicaron retenciones sobre las exportaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los primeros en el caso Cerro Vanguardia, pero avaló las retenciones en el caso Minera del Altiplano. Como resultado, Chile exporta 60.000 millones de dólares y la Argentina apenas el 10%. Con el nuevo marco legal, se esperan inversiones por más de 50.000 millones de dólares en cobre, níquel, litio, oro y plata.
Respecto de las industrias afectadas por la apertura, se señaló que en el ranking de economías más cerradas del mundo, la Argentina se hallaba quinta, luego de Sudán, Venezuela, Turkmenistán y Etiopía. Ello encareció el costo de vida y quitó incentivos a la competitividad. Las sucesivas crisis cambiarias se debieron a la incapacidad del sector, demandante de divisas para su producción, de generarlas. “Faltan dólares”, afirmó el kirchnerismo para justificar los controles, la brecha y el sistema de SIRA.
Se cuestiona al super RIGI por otorgar beneficios fiscales a las inversiones mayores de 1000 millones de dólares en nuevos sectores, omitiendo a las industrias instaladas. Durante décadas, la dirigencia empresaria sostuvo que “en la Argentina no hay mercado de capitales” y que el Estado debía hacer viables proyectos en industrias básicas. Eso permitió construir con recursos fiscales plantas sobredimensionadas que, en muchos casos, sirvieron para obtener retornos de proveedores y fugar divisas al exterior.
En 2013, el país tuvo inflación como Venezuela y el Líbano. Con dos hiperinflaciones y el mayor default mundial, quedó sin moneda. Los argentinos no piensan ni ahorran en pesos. Cualquier desajuste fiscal o parpadeo político hace caer la demanda de dinero, provoca fuga al dólar y aumentos de precios. Esa causalidad requiere contención del gasto, la subsistencia de algunas limitaciones cambiarias y el uso de la tasa de interés a costa de actividad.
Sin moneda, no hay ahorro y sin ahorro no hay crédito. Salvo recrear la confianza bajando el gasto y desregulando, lo único “activo” para hacerse es reducir el costo argentino. Las provincias y los jueces, con sus gastos y sus amparos, son quienes ponen en riesgo la competitividad de las pymes.
La Argentina cuenta con recursos en alimentos, energía, minerales e industria del conocimiento. Tras crecer 4.4% en 2025, la economía lo hará al 3.6% en 2026 y se proyecta un 3.7% para 2027. De exportaciones mayores a 100.000 millones de dólares en 2026 se podrían alcanzar 150.000 millones en 2030, con ingresos diversificados, pues las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que aumentaron más del 40% interanual, tienen casi igual proporción que las agropecuarias.
Se sostiene que las inversiones petroleras, gasíferas, mineras y agroindustriales beneficiarán a todos los distritos a través del sistema bancario y el mercado de capitales. Serán los antiguos dueños o nuevos emprendedores quienes readaptarán las pymes familiares, movidos por incentivos virtuosos, gracias al acceso al crédito, a la modernización laboral y apostando a un futuro de expansión con seguridad jurídica.