El gobernador Martín Llaryora encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Justicia y Seguridad horas antes del debate legislativo. La oposición calificó el acto como una sobreactuación.
La Ley Antibúnker es el tema central de la agenda política del día en la provincia de Córdoba. Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, participaron de una conferencia de prensa previa al debate en la Unicameral. También estuvieron presentes la cúpula policial y penitenciaria.
Según información proporcionada por PERFIL CÓRDOBA, el proyecto de ley contaba con un dictamen de consenso que incorporaba cerca del 90% de las propuestas presentadas por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, así como aportes del proyecto del radical Oscar Saliba. La ley, que se sancionaría por amplia mayoría, incluye aportes de tres bancadas y no solo del Ejecutivo.
En el encuentro, Julián López explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo con fiscalías antinarcotráfico y fuerzas de seguridad. Detalló que la norma prevé una etapa administrativa a cargo del Ministerio de Seguridad y otra judicial, que habilitaría en última instancia el derribo de los inmuebles.
Martín Llaryora definió la ley como “una herramienta central” y “de innovación” para la provincia. Afirmó que en más de una oportunidad su gestión debió avanzar “en soledad” con normativas de seguridad sin acompañamiento legislativo. Tanto el PRO como la UCR y el juecismo adelantaron su apoyo al proyecto.
Legisladores juecistas consultados por medios locales calificaron el anuncio como una “sobreactuación” del oficialismo. Señalaron que la gestión de Quinteros enfrenta cuestionamientos por incidentes tras festejos futboleros y por el impacto político del femicidio de Agostina Vega. Desde el radicalismo indicaron que acompañarán la sanción, aunque advirtieron que lo harán “después de lo que nos mostró” el caso Vega, en referencia a lo que consideran una reacción tardía del Estado provincial ante reclamos de seguridad.