Entre enero y julio, las incautaciones aumentaron un 20,6% respecto al mismo período de 2025, en el marco de una ofensiva conjunta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional contra el crimen organizado.
Ecuador alcanzó un máximo histórico en el decomiso de armas de fuego ilegales durante los primeros siete meses de 2026, según datos oficiales difundidos por el Gobierno. El volumen incautado supera los registros de años anteriores desde que existen estadísticas oficiales recientes.
De acuerdo con la información oficial, entre enero y julio los decomisos aumentaron un 20,6% en comparación con el mismo lapso de 2025. Este incremento se produce en el contexto de una estrategia de seguridad que combina la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en controles territoriales, allanamientos e intervenciones focalizadas en zonas donde operan grupos dedicados al narcotráfico, las extorsiones, el secuestro, la minería ilegal y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Las autoridades indicaron que la mayor cantidad de armas retiradas de circulación responde al aumento de las operaciones ejecutadas durante este año. Según los datos oficiales, cerca de 200.000 intervenciones militares se realizaron en distintos puntos del país, cifra que coincide con un incremento del 33,3% en la droga decomisada en el mismo período.
Aunque el Gobierno no publicó el número consolidado de armas confiscadas en 2026 ni un desglose detallado por categorías, confirmó que el volumen supera los registros alcanzados en años anteriores. Entre el armamento incautado figuran pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y armas automáticas, además de miles de municiones y cargadores encontrados durante allanamientos y controles en carreteras, puertos, barrios de alta conflictividad y centros penitenciarios.
En varios procedimientos también se decomisaron explosivos, chalecos antibalas, prendas similares a uniformes policiales y equipos de comunicación que, según las investigaciones, eran utilizados por estructuras criminales para ejecutar ataques armados o evadir los controles de las autoridades.
Las investigaciones de la Policía Nacional vinculan buena parte de estos arsenales con organizaciones como Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y Chone Killers, grupos que mantienen disputas por corredores del narcotráfico y el control de economías ilegales en distintas provincias. En zonas de la Amazonía y otras áreas afectadas por la minería ilegal también se localizaron armas de guerra utilizadas para proteger campamentos clandestinos.
El comportamiento de las cifras confirma una tendencia sostenida al alza en los decomisos. En 2021 las autoridades reportaron la incautación de 7.855 armas de fuego; en 2022, 9.498; en 2023, 10.062; y en 2024, 10.651, el mayor registro anual disponible hasta entonces. Ese año, las pistolas representaron el 35,4% del total; los revólveres, el 26,9%; los fusiles, el 12%; y el resto correspondió a escopetas, carabinas y otras armas largas. Entre 2017 y 2024, las incautaciones crecieron más del 107%, una evolución que las autoridades atribuyen tanto al fortalecimiento de las capacidades operativas como al incremento del armamento en poder de las organizaciones criminales.
El Gobierno mantiene desde enero de 2024 la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a las principales estructuras delictivas del país. Bajo ese esquema, los militares participan de manera permanente en tareas de seguridad interna junto a la Policía, mientras se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico de armas y el narcotráfico.
Las autoridades señalaron que una parte importante del armamento incautado ingresa al país a través de redes internacionales de tráfico ilegal, mientras que otras armas son modificadas o ensambladas de manera clandestina antes de llegar a manos de las organizaciones criminales. Los análisis balísticos realizados tras cada decomiso buscan determinar si ese armamento fue utilizado previamente en homicidios, atentados u otros hechos violentos.
El aumento de las incautaciones ocurre en un contexto en el que las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento empleado en los asesinatos registrados en Ecuador.