El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, abarcando una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados.
Buenos Aires, 15 de julio – El Gobierno nacional, mediante el Decreto 590/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, inició el proceso de licitación internacional para la exploración de hidrocarburos en el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, sobre la Plataforma Continental Argentina.
El área en cuestión abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. La medida responde a una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación. La normativa señala que estas actividades son necesarias para maximizar la renta de los recursos naturales y fomentar el crecimiento económico y el empleo.
La convocatoria se sustenta en el reconocimiento internacional de los límites de la plataforma marítima argentina, que incorporó más de 1.782.500 kilómetros cuadrados tras las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en 2016.
Para garantizar la transparencia y atraer inversiones, la Secretaría de Energía ha sido delegada para dictar los actos necesarios, incluida la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones. Los adjudicatarios deberán abonar regalías sobre la producción, conforme a la Ley 17.319.
El decreto autoriza cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, aunque aclara que no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos. Entre los activos protegidos se encuentran las reservas del Banco Central de la República Argentina, bienes de dominio público, bienes militares, herencia cultural y activos protegidos por leyes de inmunidad soberana.
