Grabaciones difundidas por Semana, atribuidas a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y cercana a la primera dama de Colombia, incluyen señalamientos sobre pagos, control de cargos y desaparición de recursos públicos.
La revista Semana difundió audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora cercana a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en los que formula acusaciones sobre manejo de dinero, testaferros, influencia en entidades estatales y desaparición de recursos públicos.
Ferrer Galcerán se desempeñó como consejera presidencial para la niñez desde septiembre de 2022 y como consejera para la Reconciliación desde enero de 2023. Su vínculo con Alcocer comenzó en 2021, cuando dirigió el proyecto de marca personal de la primera dama durante la campaña presidencial. La ruptura entre ambas ocurrió en septiembre de 2023. En julio de 2025, se publicó su hoja de vida para ser asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo al que renunció poco después de su nombramiento, según el medio citado.
Acusaciones sobre dinero y pagos
En los audios, Ferrer Galcerán afirmó: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (…), Manel se los dio. Es que yo lo sé”. También sostuvo que “el gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”. Además, mencionó cobros por reuniones: “A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”.
La exfuncionaria reclamó pagos pendientes desde la campaña: “¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, y se refirió a intimidaciones y una deuda atribuida al entorno de Alcocer.
Red de influencia y testaferros
Ferrer Galcerán situó en ese círculo a Manel Grau, empresario catalán cercano a Alcocer, y a Xavier Vendrell, parte del entorno catalán próximo al presidente Gustavo Petro. También mencionó a un “italiano”, al que vinculó con presuntos movimientos de dinero.
En una de las grabaciones, sostuvo: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”. Luego agregó: “Que el italiano te haga un préstamo como… Te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”.
Los audios incluyen acusaciones sobre influencia institucional: “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”. Ferrer aseguró que Alcocer controlaba el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol hasta el 30 de julio de 2026, afirmó: “Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, con la intención de “tener contenta a la señora”.
Recursos públicos, propaganda y movilizaciones
Otra parte de las grabaciones alude a dinero guardado en la Casa de Nariño y menciona a Carolina Plata, contratista encargada de organizar eventos presidenciales. Ferrer dijo: “Dinero en cajas y bolsas, de ella y Carolina Plata”, aunque añadió que no vio personalmente la caja.
La excolaboradora sostuvo que el dinero que esperaba recuperar por gastos de la posesión terminó en otro destino: “Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa”, refiriéndose a recursos que, según dijo, pidió a Mauricio Lizcano, entonces director del Dapre.
Ferrer también relató un viaje internacional de Alcocer: “Yo tuve que llamar a una fundación para que pagaran el viaje de Verónica a Noruega”. Afirmó que el presupuesto de ese desplazamiento fue mal dirigido y requirió recursos extra por fuera del Gobierno.
En otra grabación, afirmó que de una consejería desaparecieron $1.000.000.000 en efectivo: “¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”. En ese bloque habló de cobros por nombramientos y operaciones: “Cobran de los puestos que han colocado” y “cobran de las operaciones grandes”.
Ferrer conectó esa desaparición de dinero con campañas digitales y piezas publicitarias: “Salieron $1.000.000.000 para hacer unos anuncios” y “han salido muchos millones para pagar las bodegas”. Sobre la financiación de esas operaciones, apuntó a Manel Grau: “Yo sé que Manel ha pagado asesores de ella, estudios de opinión de ella. Ha pagado las bodegas”, y calculó que esos pagos pudieron llegar a 700.000 euros, además de recursos para movilizaciones.