La finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 1 millón de personas, incluidos cerca de 350.000 haitianos, ha generado temor y cambios en la rutina de la comunidad haitiana en Salisbury, Maryland, según informaron líderes locales y afectados.
SALISBURY, Maryland, EE.UU. — La congregación del Word of Life Center, una iglesia en Salisbury, Maryland, registró una asistencia inferior a la mitad de su promedio habitual en el servicio dominical posterior a la expiración de las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS). El pastor principal, Roosevelt Toussaint, declaró que la disminución de la concurrencia se debe a que muchos miembros de la comunidad evitan salir de sus hogares por temor a ser arrestados y deportados.
El gobierno de Estados Unidos tomó medidas para poner fin al TPS para más de 1 millón de personas de diversos países. Entre los afectados se encuentran cerca de 350.000 haitianos que residían y trabajaban legalmente en el país. En Salisbury, aproximadamente el 10% de los 33.000 residentes son de origen haitiano, muchos empleados bajo el TPS en trabajos agrícolas, de cuidado y en plantas avícolas.
Las personas que pierden el TPS enfrentan la opción de permanecer en Estados Unidos de manera no autorizada o regresar a Haití, un país que, según informes, enfrenta violencia de pandillas y pobreza. El pastor Toussaint, quien lidera la iglesia desde 1995, expresó un mensaje dirigido al presidente Donald Trump: «Esperamos que tenga compasión por nuestra gente. No han hecho nada malo. Todo lo que vinieron a hacer a este país es trabajar, marcar una diferencia en nuestra economía… En casa no hay seguridad. Si de verdad nos envía allá, nos envía a morir».
Durante el servicio religioso, Toussaint se dirigió a los feligreses en criollo haitiano: «Estoy orando esta tarde para que Dios pueda hacerlos invisibles ante el enemigo. Han puesto mucho terror en su corazón. Pero Dios ha venido a decirles: ¡No tengan miedo!».
Marjorie Estimé, ciudadana estadounidense que asistió al servicio en solidaridad, declaró: «Quiero decirle al presidente de Estados Unidos que detenga el programa del ICE para que la gente pueda trabajar, para que el ICE deje de dispararles, de perseguirlos, y podamos volver a la normalidad».
Según defensores y abogados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha citado a haitianos para la colocación de tobilleras electrónicas y ha establecido restricciones de movimiento. Guerline Jozef, presidenta de la Haitian Bridge Alliance, explicó: «En lugar de incursionar con fuerza en las comunidades, usan tácticas para llevar a esas personas a sus oficinas, ya sea para detenerlas o para ponerles un monitor en el tobillo, y les dicen que si no se autodeportan, las volverán a llamar para presentarse en el plazo de un mes».
La terminación del TPS para haitianos fue impugnada en tribunales. El 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció a favor del gobierno, permitiendo que el TPS terminara. Los permisos de trabajo no se extendieron el 27 de julio. Samson Orneus, feligrés y director del Haitian Development Center of Delmarva, describió la situación: «Es como un huracán de categoría 5; así de malo es».
Marie D. Fouché, fundadora y directora ejecutiva de Safe Harbor Circles, una organización que brinda apoyo a comunidades inmigrantes, informó que se registraron más de una docena de arrestos de inmigrantes, incluidos algunos con TPS. «Han dejado a sus hijos en casa. Fueron al supermercado, a comprar a Walmart para cocinarles y alimentar a su familia. Pero los arrestaron en el estacionamiento, y nunca volverán», afirmó.
El Departamento de Seguridad Nacional, consultado sobre las actividades de aplicación del ICE en Salisbury, respondió por correo electrónico: «No comenta operaciones en curso o futuras». El comunicado agregó: «El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal. Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, pese a que el Congreso nunca pretendió que fuera permanente».
Un hombre haitiano con TPS, que pidió permanecer en el anonimato, relató: «No van tras la gente que comete delitos. Cuando salgo a la calle, tengo miedo». El hombre, de 39 años, trabaja como cuidador en un asilo de ancianos desde 2020.
Estados Unidos otorgó el TPS a los haitianos tras el terremoto de 2010 y lo extendió en múltiples ocasiones. El gobierno de Trump impulsó el fin de este estatus, afirmando que las condiciones en Haití habían mejorado. Sin embargo, casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas en ese país.
Leila Borrero Krouse, especialista en inmigración de CATA, una organización que apoya a trabajadores agrícolas, declaró: «Lo que hace este gobierno me duele muchísimo porque es inhumano. En todos estos años que he trabajado con inmigrantes, nunca he conocido a un criminal, un violador, un abusador. La mayoría viene a tomar trabajos que otros no quieren. Y es desgarrador ver cómo están sufriendo».
Patricia Grace Louis-Jacques, estudiante de enfermería de la Universidad de Salisbury, indicó que su mejor amiga le pidió que cuidara de su bebé si era detenida. «Desde ese momento, supe que las cosas se pusieron mal. Sus vidas han cambiado enormemente», afirmó.
Una mujer hondureña, que trabajó en una planta avícola de Perdue Farms durante más de dos décadas, perdió su empleo el año pasado tras la expiración de su TPS. Su hijo, nacido en Estados Unidos, le pide que mantenga las cortinas cerradas y evite abrir la puerta. En ocasiones, se encierra en el baño. «Es terrible vivir con esta ansiedad. No es justo para quienes vinimos a este país no a causar daño, sino a tratar de tener una vida mejor», declaró.