La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las FARC-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad, tras considerarlos máximos responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga los delitos más graves del conflicto armado colombiano hasta diciembre de 2016, imputó este martes crímenes de guerra y lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). La imputación se realizó tras encontrarlos máximos responsables de delitos como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual.
Según la JEP, «por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio, y cerca del 90% de las investigaciones penales no superaron la etapa preliminar». El tribunal señaló que con esta decisión se busca esclarecer las responsabilidades por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla en territorios olvidados de Colombia.
La decisión abarca hechos ocurridos en la cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía, es decir, los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, así como partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas.
Entre los 27 imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP que tuvieron el mando en los antiguos bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño, también conocido como ‘Timochenko’, actual presidente del Partido Comunes; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’.
Crímenes no amnistiables y violencia basada en género
De los once macrocasos en los que trabaja la JEP para investigar, esclarecer y sancionar a los máximos responsables de los hechos más graves del conflicto armado, las imputaciones anunciadas corresponden a los macrocasos 10 y 11. El primero está relacionado con crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP, y el segundo con violencia basada en género, violencia sexual, reproductiva y otros crímenes basados en orientación sexual.
Esta es la primera imputación del Caso 10 de la JEP, que investiga los crímenes más graves y representativos cometidos por la antigua guerrilla no abordados en otros macrocasos. También es la primera imputación conjunta con el Caso 11, que investiga delitos de violencia de género y sexual por parte de integrantes de las FARC-EP contra población civil, como la toma de Puerto Rico, en el departamento del Meta, en 1999, cuando un grupo de guerrilleros agredió sexualmente a una decena de mujeres, entre ellas una niña de 13 años.
«Estos comparecientes fueron imputados después de una rigurosa investigación que tuvo en cuenta los relatos de 2.436 víctimas acreditadas que los señalan como responsables de lo que sufrieron», subrayó el tribunal, identificando entre ellas a campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres y también víctimas militares y policiales.
La decisión aborda hechos que «marcaron la historia reciente del país», como el atentado en el Club El Nogal, perpetrado en Bogotá el 7 de febrero de 2003, que dejó 36 muertos y 198 heridos; la casa bomba en Neiva; y los asesinatos de figuras nacionales como el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y sus escoltas, el 2 de noviembre de 1995.
¿Cómo sigue el proceso?
Los 27 imputados dispondrán de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o rechazarlos. Si niegan su responsabilidad, su caso podría ser trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como fiscalía de la JEP, y el proceso podría terminar en un juicio similar al de la justicia ordinaria. En caso de ser hallados responsables, podrían pagar penas de hasta 20 años de cárcel.
La JEP indicó que «espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos imputados». Si se reconoce la responsabilidad y hay aportes de verdad, la JEP convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, donde los imputados «darán la cara» ante la justicia, las víctimas y el país.
Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Allí se incluirán los nombres de quienes hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para sanciones restaurativas, las cuales serán consultadas con las víctimas, tendrán un enfoque reparador e incluirán restricciones efectivas de libertad y otros derechos sin cárcel.