El inversor Martín Romeo, uno de los cinco querellantes apartados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, presentó un recurso ante la Cámara Federal porteña para ser restituido en la investigación. El tribunal fijó una audiencia para el próximo lunes.
Uno de los querellantes apartados de la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA presentó un recurso ante la Cámara Federal porteña para que se revoque la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi y se lo restituya en la investigación. Se trata del inversor Martín Romeo, patrocinado por el abogado Nicolás Ozsust, quien entregó un memorial al Tribunal de Apelaciones en el que sostiene que $LIBRA fue una “estafa” planificada con maniobras de “calidad simulada e insider trading”.
En el escrito, la querella advierte que la decisión de apartar a los querellantes omitió analizar prueba y redujo el caso “a una cuestión de riesgo propio de los mercados, cuando existen elementos objetivos que demuestran una maniobra fraudulenta”. El texto agrega: “No se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”.
Según el recurso, “74 billeteras, controladas por bots que respondían a los imputados, realizaron compras masivas segundos antes de un tuit presidencial, lo que disparó la demanda artificialmente y permitió extraer 44,5 millones de dólares”. La querella sostiene que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.
Para la querella desplazada, el juez de primera instancia “desconoció las actas notariales y la documentación aportada, que acreditan la titularidad de las billeteras” desde las que se hicieron las operaciones. Además, la exigencia de demostrar el origen de los fondos que reclamó el juzgado “no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal para delitos contra la propiedad y representa una barrera artificial para el acceso a la justicia”.
Las apelaciones son analizadas por la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fijó para el próximo lunes una audiencia. Los afectados podrán presentar escritos o exponer de manera oral en Comodoro Py 2002, aunque hasta el momento no se recibieron pedidos para esto último, según fuentes del caso.
El juez de primera instancia apartó a cinco querellas a pedido del acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni acreditaron la titularidad de los tokens. De esta forma, hizo lugar a una “excepción de falta de acción” presentada por la defensa del lobista y apartó a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Romeo.
En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados, entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy, y si ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un supuesto pago de 5 millones de dólares hecho por Davis.
Al apartar a las querellas, el juez argumentó que el fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.
Para el juez, “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes. Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad, la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.