La Comisión de Legislación General del Senado analizó este martes el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades impulsado por el Gobierno, que incorpora las figuras de “Sociedad Automatizada” y DAO. El debate incluyó un cruce entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ex titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
Buenos Aires, 11 de agosto (NA) — La Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Nadia Márquez, debatió este martes el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades (19.550) enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone la creación de “Sociedades Automatizadas” y regula las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Se prevén al menos dos reuniones informativas antes de la elaboración de un dictamen.
Durante la sesión, la mayoría de los expositores propuestos por el peronismo expresaron objeciones al proyecto. El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonizaron un intercambio de declaraciones.
Nissen, quien dirigió la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández, rechazó el proyecto y afirmó: “Hay que cambiar la ley 19.500, no lo dudo. Pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada”. También señaló: “Los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos”.
Bullrich respondió acusando a Nissen de haber actuado fuera de sus funciones al suspender en la Ciudad de Buenos Aires la aplicación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas por una ley de 2017. Sostuvo que “como director no puede cambiar una ley de la Nación” y calificó su actuación como “de carácter estrictamente político”. Añadió: “El acusador termina siendo acusado”, en referencia a una causa judicial. El intercambio ocurrió entre gritos de Nissen y de senadores peronistas que solicitaron réplica, pero la presidenta de la comisión, Nadia Márquez, impidió continuar el debate.
Entre los apoyos al proyecto, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, declaró que “este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación”. El profesor de la Universidad Austral, Sebastián Balbín, dijo que “una ley responde a una realidad. Cuando la realidad cambia, llega un momento en que ya no alcanza con modificar algunos artículos y es necesario revisar todo el sistema”. El emprendedor Emiliano Kargieman, CEO de Saltellogic, expresó: “apoyo la creación de un marco jurídico argentino para este tipo de sociedades porque la oportunidad que tiene Argentina es histórica”. El especialista en blockchain, Sebastián Heredia Querro, señaló que “este anteproyecto fue elaborado por una comisión federal que conoce el interior del país y creo nos va a dar la infraestructura jurídica que la producción argentina necesita para el siglo XXI”.
En contra, la fiscal Gabriela Boquín, titular del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del Ministerio Público de la Nación, afirmó que “el proyecto tiene normas que son incongruentes con los principios que sustenta; es contradictorio. Si utilizáramos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF”. Agregó que “modernizar no significa desproteger, simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla”. El juez Julián Flores coincidió en que el proyecto no debería ser aprobado en su redacción actual.